Marco Enríquez-Ominami
El análisis de los datos del Banco Central en materia de inversión (es decir la variación de existencias más la Formación Bruta de Capital Fijo, que incluye la maquinaria y equipos y la construcción), refleja que en Chile el volumen anual de mantención y creación de capacidades productivas aumentó a buen ritmo en el pasado reciente. Entre 2008 y 2013 este se incrementó en un 28,6%, a comparar con un crecimiento de 21,8% del PIB en el mismo lapso. No obstante, se produjo una caída de -6,1% en 2014 (la anterior caída se había producido en medio de la crisis de 2009 y alcanzó un -12,1%), explicada por la disminución del componente de maquinaria y equipo al finalizar el pujante ciclo de inversión minera y al encarecerse sustancialmente la importación de bienes de equipo para toda la economía a raíz de la devaluación del peso.
Lo que cabe recalcar es que la situación de la formación bruta de capital fijo difiere sustancialmente entre sectores económicos, fundamentalmente entre la minería y el resto. Al desagregar las cifras -con información disponible hasta 2013- se observa que en el sector minero la inversión bruta experimentó un incremento extraordinario: nada menos que un 136% entre 2008 y 2013. Otros sectores con buen comportamiento inversor fueron el comercio, restaurantes y hoteles, con un 93,1% de aumento; la construcción, con un 68,0%; los servicios personales, con un 23,6% y, en menor medida, el sector silvoagropecuario y pesquero, con un 14,8%, así como el transporte y comunicaciones, con un 12,6%, y los servicios financieros y empresariales, con un 7,9%. La administración pública aumentó su inversión propia en sólo en 1,3% en el período comentado. En cambio, se verificó una baja de -0,1% en el sector de manufacturas y una preocupante contracción de – 17.3% en el sector de electricidad, gas y agua y de – 20,3% en servicios de vivienda. Como fruto de esta evolución, el sector minero pasó de representar el 18,2% de la FBCF a un 33,5%, entre 2008 y 2013, lo cual da cuenta de la dependencia de la inversión global, y en general el dinamismo de la economía, respecto a la explotación de este recurso natural. La inversión industrial pasó entre 2008 y 2013, en cambio, del 7,2% al 5,6% del total, la agrícola y pesquera del 3,2% al 2,8% y la de electricidad, gas y agua del 9,1% al 5,8%.
La economía chilena se ha re-especializado en minería, dados los mejores precios internacionales y rentabilidades en ésta áreas a raíz del crecimiento chino, así como en algunos servicios, en detrimento de la industria y la energía, y con poca inversión en la agricultura y pesca. El empuje chino ya no tendrá la misma intensidad y el tipo de cambio favorecerá ahora a otros sectores de la economía distintos de la minería. Esta nueva situación debe llevarnos a dar un vuelco decidido respecto a lo hecho por los gobiernos de los últimos años, que en base al ambiente de crecimiento dulce no le tomaron el peso a la necesidad de diversificar la matriz productiva de Chile. Dejar de vivir en base a la extracción de recursos naturales sin valor agregado, especialización que somete además a la economía a bruscos vaivenes coyunturales muy difíciles de gestionar para las autoridades económicas, es una necesidad imperiosa, por mucho que se haya repetido innumerables veces durante décadas.
Ahora llegó el momento de avanzar, aunque no existen recetas mágicas para avanzar hacia este propósito estratégico. Pero es posible concebir un razonable paquete de inversión que permita no sólo contribuir a reactivar la economía en el corto plazo sino también modernizar la matriz productiva de Chile y hacerla más sustentable productiva, social y ambientalmente. En otras palabras, se requiere aumentar la inversión en infraestructura, manufactura y energía sustentable de manera de diversificar nuestra economía. Si bien es fundamental que el gobierno genere una conducción política y económica adecuada para reducir los grados de incertidumbre que desincentivan la inversión nacional privada, empezando por un manejo contracíclico de la economía, el Estado no puede ni debe abdicar de su rol de inversionista público. En función de lo anterior propongo una política económica contracíclica para la reactivación económica, pero también redefinir el rol público de largo plazo en materia de inversión.
Propongo, en específico, un paquete de inversión pública de emergencia a poner en práctica desde el presupuesto de 2016, financiado con los ingresos normales del Estado y con aportes del fondo de estabilización económica, que en primer lugar incluya la infraestructura en salud por US$4.000 millones para dotar a los hospitales y a la red de salud primaria de equipamientos a la altura de una sociedad que dispone de más de US$20.000 por habitante al año, junto a la formación acelerada de especialistas. Este paquete debe incluir además un plan de fortalecimiento de la investigación y desarrollo en las universidades públicas junto a un sistema de incentivos sustanciales a la transición energética de Chile para un crecimiento menos intensivo en emisiones de carbono que aproveche la enorme disponiblidad de recursos del país en energías renovables no tradicionales. Lo anterior no significa descuidar el fortalecimiento de la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria con inversión directa del Estado y concesiones a privados que aseguren un buen servicio público. A su vez, el país debe plantearse invertir en sistemas de transporte de alta velocidad con tecnologías de última generación. Un nuevo fondo de infraestructura, financiado vía emisión de bonos soberanos con garantía en los activos ya constituidos, podrá en el mediano plazo perseverar en un fuerte incentivo a la formación de capital público. Se requiere un cambio de política de infraestructura para alcanzar un gasto adicional de 1% del PIB anual en este sector en el horizonte del año 2020, y así preparar un mejor futuro para las nuevas generaciones.
Fuente: Diario estrategia