En la crisis de confianza respecto a las instituciones republicanas es preciso distinguir entre la coyuntura, en el caso concreto de los graves escándalos generados por el holding Penta, Soquimich y Caval, y el aspecto estructural, que debe ser comprendido desde el punto de vista de un largo período histórico.
Personalmente, creo que las instituciones democráticas chilenas, desde hace varias décadas, padecen de una crisis de confianza y, por consiguiente, de credibilidad por parte de la ciudadanía, que obedece, en primer lugar, a la persistencia de una Constitución tramposa e ilegítima en su origen y ejercicio; en segundo lugar, debido a un sistema económico que lleva a un mercado desregulado, cuyos ethos medular es el maximizar la ganancia al menor costo sin consideraciones valóricas esenciales a la vida en comunidad; en tercer lugar, a una separación entre la política y la ciudadanía, entre lo legal y lo ético; en cuarto lugar, a una impunidad creciente, que lleva a un verdadero nihilismo respecto de las instituciones, no sólo en el campo político, sino también a la degradación moral. Los hechos señalados son, a mi modo de ver, algunos de los componentes estructurales de lo que podríamos denominar “la crisis moral de la república”. (Para la celebración del Centenario de la Independencia, Enrique Mac Iver pronunció un discurso sobre éste mismo tema).
Normalmente, en una democracia se supone que el ejercicio de todo poder conlleva responsabilidades, pero estamos asistiendo, atónitos, ante el hecho de que los ministros del Tribunal Constitucional son completamente irresponsables, pues no son pasibles de ningún control por parte de los poderes del Estado, así, esta institución cuenta con la facultad de anular o enmendar, sin apelación, cualquier legislación que surja del Parlamento, convirtiéndose en el dueño absoluto de las decisiones de la autoridad política – incluso, puede imponer sus dictámenes sobre temas tan complejos y discutibles como la gestación y desarrollo del feto – puede decirse que cuenta con más potestades que “los reyes de derecho divino”.
Es cierto que en muchos países existe el Tribunal Constitucional, pero a pocos se le otorgan facultades extraordinarias, que terminan por anular al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.
En el actual Chile coludido, las combinaciones duopólicas, correspondientes a la Cámara y al Senado se distribuyen, en forma igualitaria, el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional que, en muchos casos, se basa más en intereses políticos que legales. Postular que dicho Tribunal es un organismo jurídico es un verdadero eufemismo .
Estoy convencido de que para superar la crisis ya no basta con promulgar nuevas leyes que aumenten las penas a los delitos de “caballeros de cuello y corbata”, como tampoco un informe de la Comisión de hombres probos, ni siquiera la valiente labor actual de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia, se hace imprescindible la fundación de una república virtuosa, que venga a reemplazar la monarquía electiva plutocrática que, a mi modo de ver, ya terminó su ciclo. La Presidenta de la República tiene la solución en sus manos: bastaría que enviara al Congreso un proyecto de reforma constitucional que incluyera un plebiscito en que el pueblo pueda decidir la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pues la crisis de la democracia se solucionan con más democracia.
Marco Enríquez-Ominami
Líder Y Fundador del Pro