MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI, ANDRÉS ROMÁN Y JUAN CRISTÓBAL PORTALES
Marco Enríquez-Ominami es Presidente Fundación Progresa, Andrés Román, PhD Universidad de Cambridge y Juan Cristóbal Portales (PhD Universidad Complutense Madrid).
Hace unas semanas, la directora de Fonasa, Jeanette Vega, declaraba en el marco de la discusión en torno al futuro de las Isapres, la necesidad de avanzar hacia un seguro de salud único, de carácter público, solidario, radicado en el actual Fonasa, que disponga de los casi US$ 3.200 millones que aporta el 15% de los chilenos con su 7% a la seguridad privada.
¿Qué tan pertinente es su propuesta? Veamos. Al día de hoy, uno de los principales problemas que tenemos en Salud está radicado en que el sistema es incapaz de asegurar la atención o el financiamiento de la salud de la mayoría de los chilenos, a nivel público y privado. Por el lado de los beneficiarios de Fonasa, porque al aumentar sus ingresos deben incrementar también su copago, al punto que resulta más atractivo emigrar a un sistema privado oneroso, pero más eficiente en la atención. Los usuarios del sistema de Isapres, en tanto, se ven expuestos a un alza constante de sus primas de seguro (ya sea por razones de preexistencia, uso de la Isapre, sexo o edad) y a un pago en los planes que muchas veces excede lo que se recibe como prestación.
El resultado es una distribución de la carga financiera de nuestro sistema de salud en que el Estado hace un aporte muy por debajo del promedio del gasto público en salud de los países de la OCDE, al tiempo que las familias aumentan sostenidamente su contribución (incluso por encima de sus posibilidades reales).
Es en este escenario entonces donde lo esbozado por Vega cobra sentido. No parecería descabellado avanzar hacia un modelo de protección social garantista que revalide un sistema de seguridad sanitario unificado, concentrado en Fonasa o institución pública de similares características, que ofrezca una cobertura integral, transparente (opuesta a la proliferación de planes con que opera el sistema privado), de naturaleza solidaria (quienes menos se atienden cubren las prestaciones de los afiliados con mayor demanda de atención), pero que permita a su vez la transformación del sistema de Isapres en un sistema de seguros suplementarios no sustitutivos (similar al sistema que mucho chilenos usan para resguardarse de eventos catastróficos y que tiende a estar mucho mejor evaluado por la opinión pública que las aseguradoras privadas).
Un sistema de este tipo, si se acompaña de una fuerte inversión en modernización del sector público, podría disminuir el nivel de copago de las familias, al tiempo que permitiría regular la integración vertical en el actual sistema privado entre aseguradoras, prestadores y laboratorios (prohibida por ley, pero ejercida en la práctica a través de holdings que controlan y operan toda la cadena de salud con economías de escala, reducción de costos y mayores utilidades).
Un sistema de seguridad sanitaria pública de este tipo requeriría, eso sí, la implementación de un mecanismo de evaluación de costo-efectividad para optimizar la inversión, transparentar la adquisición y pagos por introducción de nuevas tecnologías y solventar una viabilidad económica de largo plazo (similar a aquel utilizado con éxito por instituciones como el NICE en el Reino Unido).
No se pretende aquí satanizar al sistema de Isapres. Simplemente es constatar un estado del arte de la Salud que introduce incentivos erróneos y perpetuadores de inequidad. Sobre todo cuando se trata de regular la actuación de los privados y valorar la salud de la población como un derecho fundamental antes que un mero bien transable sujeto a una dinámica de mercado en ocasiones poco transparente y abusiva.
Fuente: El Mostrador