Esta mañana, El Presidente de Fundación Progresa, Marco Enríquez-Ominami y la Presidenta del Partido Progresista, Patricia Morales, respaldaron la declaración conjunta efectuada en el día de ayer, por organizaciones de la sociedad civil, profesionales y expertos en materias socio ambientales, respecto al Proyecto de Ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas enviado por el Gobierno.
Marco Enríquez Ominami, Presidente de la Fundación Progresa, y Patricia Morales Errázuriz, Presidenta del Partido Progresista de Chile (PRO), adhieren y respaldan públicamente la declaración de cuestionamiento a los contenidos del Proyecto de Ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas enviado por el Gobierno, que se tramita en el Congreso Nacional, difundida ayer por un grupo representativo de organizaciones de la sociedad civil, profesionales y expertos en materias socio ambientales y del mundo académico dedicados a la conservación de la diversidad biológica y cultural.
La Fundación Progresa y el Partido Progresista expresamos nuestro más amplio apoyo a esta declaración, suscrita por 30 destacadas organizaciones ambientales y expertos en materia de conservación de la biodiversidad. Junto con reconocer el esfuerzo de estos actores para consensuar un punto de vista que aporte a la discusión de este proyecto de ley, teniendo en mente la protección de nuestro medioambiente, el bienestar de Chile y la calidad de vida de todos sus habitantes, expresamos que compartimos la totalidad de sus enunciados y muy especialmente los puntos que se resumen a continuación:
- La conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas debe tener un rango legal que garantice el ser de utilidad pública al igual como ocurre con la minería y la energía.
- El Servicio que se pretende crear para Biodiversidad y Áreas Protegidas y debe tener poder real de decisión dentro de la administración del Estado.
- El proyecto de ley debe contemplar mecanismos de participación ciudadana vinculante respecto a la gestión de la biodiversidad, así también el aporte de los pueblos originarios y comunidades locales en materia de conservación.
- Este nuevo Servicio Público debe contemplar un financiamiento suficiente y concreto que permita llevar a cabo la labor de gestión de la conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas.
- El Proyecto de Ley en actual discusión debe considerar un Acuerdo Nacional sobre qué proteger y establecer un plan de brecha de representatividad que analice la situación actual de la biodiversidad y determine metas a alcanzar de acuerdo a los compromisos internacionales suscritos por nuestro país.
- La administración y gestión de este nuevo servicio público, debe considerar la situación laboral y facultades de los guarda-parques, actual y futura, su eventual traspaso y respeto absoluto de normas laborales y previsionales, así como el aumento del personal encargado de resguardar las Áreas Protegidas del Estado.
- Se debe establecer una tipología de área protegida acorde con la realidad país y los lineamientos y prácticas más avanzadas internacionalmente en esta materia.
- El patrimonio natural de la Nación, es un bien común del cual dependemos integralmente para vivir, por lo que se requiere fundar esta ley en un amplio proceso de participación.