En 2006, un grupo de diputados, encabezados por Marco Enríquez-Ominami (entonces PS), presentó una moción para extender a dos años la prohibición que hoy tienen ex autoridades y ex funcionarios de trabajar en el rubro que fiscalizaban.
En 2007, el anterior gobierno de Bachelet presentó una indicación para precisar a quiénes debía aplicarse esta restricción, ya que estimaban que la ley actual era demasiado amplia y poco concreta.
Así, el gobierno propuso limitar la prohibición sólo a autoridades y profesionales de entes fiscalizadores, como el SII y superintendencias, además de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Energía, ciertos organismos del MOP y las subsecretarías de Transportes, Telecomunicaciones y de Pesca.
En compensación, los directivos afectados que no podrían trabajar en áreas de su especialidad en dos años, recibirían una vez 800 UF ($ 19 millones) y los profesionales, un monto de 420 UF ($ 10 millones).
Se planteaba que la transgresión a las prohibiciones sería sancionada con la inhabilidad para ejercer cargos públicos y con la devolución del dinero.
El proyecto fue aprobado en general por la Cámara, sin embargo, desde 2009 no volvió a ser discutido.
Fuente: La Tercera