El comando del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, por medio de su encargado de Energía y Medioambiente, Miguel Márquez, manifestó su rechazo a la Ley de Concesiones y Carretera eléctrica.
“Para nadie es un secreto que la Ley de Concesiones es la Ley Hidroaysén para Hidroaysén. Como candidatura rechazamos esta iniciativa de las eléctricas, para las eléctricas y asumida por este Gobierno y buena parte del Congreso. Nuestra propuesta –si ha de ser eléctrica– apunta a las renovables, el uso eficiente de la energía, las redes inteligentes y el fomento a la cogeneración”, señaló Márquez.
Márquez agregó que a discusión eléctrica “no resuelve ni enfrenta los desafíos energéticos de hoy ni de mañana. Los supuestos problemas de oferta eléctrica y de sostenido aumento en las tarifas eléctricas ni se tocan con las iniciativas aprobadas por el Congreso. Los verdaderos problemas están en la indefinición de una política eléctrica, en la necesidad de poner coto a las anormales rentabilidades de las empresas eléctricas que con sismo o sin sismo, con crisis económicas o sin ellas siguen aumentando”.
“La falta de seriedad de las políticas eléctricas se refleja en estos objetivos de largo plazo, en que nadie cree y algunos usan como moneda de cambio para consolidar la agenda de las eléctricas que monopolizan la producción de electricidad. Las metas de energías renovables no convencionales (ERNC) se han cambiado casi a la misma velocidad que este Gobierno ha cambiado sus ministros de Energía. De existir real preocupación por las ERNC, se deben establecer metas sectoriales (minería, intensivas en energía, retail, residencial, etc.) lo que permite no sólo monitorear objetivos de cumplimiento sino también diseñar instrumentos focalizados y garantías de cumplimiento de metas anualmente”, enfatizó.
El experto señaló que la Ley de Concesiones “ratifica la escasa o nula sensibilidad de parte del Congreso por lo que la gente siente respecto de megaproyectos como Hidroaysén, rechazado por la gran mayoría de la ciudadanía y, por el contrario, el apoyo a opciones mejores como son las energías renovables. La insensibilidad respecto de la participación ciudadana en etapas tempranas de proyectos eléctricos alimenta aun más la judicialización de los proyectos energéticos”.
“Se reconocen altos costos de la energía –aunque quieren decir altas tarifas eléctricas– y sobrecostos –quieren decir sobreprecios– e ineluctablemente terminan culpando a las energías renovables o al excesivo cuidado por el medioambiente sin conceder importancia a la elevada concentración del mercado de la generación ni al sistema tarifario que explican las sostenidas rentabilidades de las eléctricas. Esto no ha recibido la menor atención de parte del Congreso”, agregó Márquez.
El coordinador del área de Energía y Medioambiente concluyó: “Hacemos un llamado para que el Congreso aborde realmente los problemas energéticos y no sólo eléctricos, lo que incluye la contaminación por leña de más de una treintena de ciudades, el aumento de la vulnerabilidad y dependencia de nuestra matriz y el sostenido aumento de los precios de los derivados del petróleo, entre otros”.