«Muchos hablarán de lucro sin reconocer lo equivocados que estuvieron al apoyar, promulgar o simplemente callar ante la aprobación de la LGE, ley que algún astuto estudiante no tardó en rebautizar como La Gran Estafa…»
Por muy genial que sea un publicista, jamás podrá borrar el pasado: es como los «monos porfiados» en las ferias, golpeados persistentemente, para luego volver a levantarse. Bastó una sola declaración del presidente del Partido Comunista, respecto del atentado contra Augusto Pinochet, y volvimos a 1973, lo que demuestra la imposibilidad de olvidar lo ocurrido. Esta misma regla se puede aplicar a quienes en 2008 aprobaron la Ley General de Educación (LGE), por la cual se legalizó el lucro, concediendo una «libreta de matrimonio» a una realidad heredada de la dictadura.
La Ley General de Educación mantuvo el mismo carácter discriminador y segregacionista de la ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), con la sola diferencia de que exigía a los sostenedores giro único y vínculos con la educación, pues se veía muy escandaloso que «la empresaria gastronómica Cuca» fuera dueña de una cadena de colegios. Sin embargo, se mantuvieron incólumes regulaciones necesarias en las escuelas particulares pagadas, particulares subvencionadas y municipales.
La LGE mantuvo la educación pública en manos de las municipalidades cuando la realidad demostraba que la mayoría de las corporaciones edilicias eran incapaces de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Además, se mantuvo la subvención fiscal a las escuelas con fines de lucro, por lo que se puede colegir que el Estado financió la rentabilidad de muchos sostenedores, agravante sumado a la mantención del copago.
Muchos padres de familia y apoderados inscriben a sus hijos en colegios particulares subvencionados con copago creyendo, erróneamente, que la educación, por el solo hecho de ser pagada, es de mejor calidad que en los gratuitos, especialmente los municipales. Los estudios e investigaciones realizados sobre este tema prueban que es mejor la educación gratuita, y que el principal motivo de segregación es el de la vulnerabilidad económica y social.
La Ley de Educación segrega a los alumnos al permitir la selección a partir del séptimo año de enseñanza básica; las escuelas particulares subvencionadas están habilitadas para elegir a los alumnos que sus directivos creen más habilitados cognitivamente para proseguir los estudios; otras veces lo hacen en razón del proyecto educativo de cada establecimiento y, en no pocos casos, por convicciones o creencias religiosas, ideológicas y políticas de sus dueños (los llamados «colegios de excelencia», desafortunadamente, también discriminan al someter a los alumnos a exigentes exámenes de admisión).
Es por esto que propongo eliminar el lucro indecente en las escuelas que reciben financiamiento público. La existencia de beneficios económicos impropios en establecimientos educacionales desvía el foco del objetivo principal que es brindar calidad en la educación. En segundo lugar, sostengo que debemos eliminar el copago, prohibiendo el cobro de mensualidad a estudiantes que asistan a establecimientos que reciban fondos públicos, base de la segregación y discriminación del sistema. A estas medidas se suman el aumento en la subvención escolar para los estudiantes que asisten a las escuelas municipales y subvencionadas, de manera de cubrir el fin del copago, y la entrega de subvenciones según el número de matrículas y no de acuerdo con la asistencia del alumno, lo que genera una serie de distorsiones y perjudica a los liceos municipales.
El mismo fatídico día en que se firmó la LGE con sus responsables posando con los brazos en alto ya hubo quienes señalaron que la jornada «pasaría a la historia». Y lo hizo, pero por las dolorosas razones que hoy sufrimos. Hoy, cinco años más tarde y con un potente movimiento estudiantil de por medio, con decenas de miles de estudiantes que tuvieron que repetir el año escolar por sus convicciones, la educación vuelve al debate en una carrera presidencial en la que muchos hablarán de lucro sin reconocer lo equivocados que estuvieron al apoyar, promulgar o simplemente callar ante la aprobación de la LGE, ley que algún astuto estudiante no tardó en rebautizar como La Gran Estafa.
Columna El Mercurio.