El Presidente de la República ha lanzado un Plan Estratégico Energético de 10 puntos ante lo cual el Partido Progresista (PRO) señala lo siguiente:
1. No se trata de un Plan Energético sino Eléctrico (sólo 16% de la matriz energética) que resulta de las presiones de, y en este orden: las empresas eléctricas, de las organizaciones patronales y de una arbitraria y equivocada lectura del rechazo ciudadano, parlamentario (transversal) a proyectos como Hidroaysén o como la opción nuclear.
2. El volador de luces de propuestas que si se ejecuta, involucraría generaciones, resulta de una arrogancia inaceptable al excluir a los ciudadanos y la Pyme; éstos, más el medio ambiente, han sido y siguen siendo excluidos de decisiones que cambian, para bien y para mal su calidad de vida y son quienes finalmente pagan las malas decisiones tomadas por las autoridades y empresas. El PRO rechaza tales formas y actitudes de proceder. Los consumidores, pero sobre todo los ciudadanos de países de la OCDE, participan a través de instrumentos e instancias adecuadas, en los debates y discusiones relativas a propuestas de este tipo. A mayor participación ciudadana menor la judicialización del desarrollo energético. Paradojalmente, en Chile, con un mercado eléctrico completamente privatizado, prácticamente todos los proyectos energéticos terminan siendo decididos por los jueces y no por los directamente involucrados.
3. La mayoría de las propuestas incluidas en este “volador de luces” constituyen propuestas añejas para el PRO: el uso eficiente de la energía, el 20/20 ó la participación de las renovables en la matriz eléctrica.
Ni que decir del apoyo a las megarepresas como Hidroaysén o al oneroso proyecto del GNL o el desvergonzado apoyo a la carretera pública que constituye un traje a la medida para megaproyectos eléctricos rechazados por la mayoría del país. El PRO, ha expresado su rechazo claro y nítido tanto a Hidroaysén como a la carretera pública.
4. El 12% de eficiencia energética propuesto -que podría haber sido cualquier cifra- no tiene sentido alguno sino se determina de manera precisa: presupuestos e instrumentos para poder superar la barreras de mercado que impiden aplicar cabalmente medidas de ahorro de energía; metas sectoriales anuales monitoreables; pero sobre todo, la adopción de programas de eficiencia en un contexto de política energética que de clara cuenta del liderazgo del Estado en el desarrollo del sector energético. Propuesta de política energética que además cambie la normativa actual (composición del Centro de Despacho Económico de Carga, por ej.), que incorpore la gestión de la demanda y que desacople las ventas de la utilidad; en suma, que el uso eficiente de la energía sea punta de lanza de una verdadera política energética que como en los países de la OCDE, quienes cual más cual menos, tienen metas claramente superiores de 30 a 40% de eficiencia energética para los próximos 20 ó 30 años. La transformación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética en una agencia asesora, limitada a poner sellos de eficiencia aciertos actores y/o productos, con escasos recursos y menor potestad política, desmiente categóricamente este demagógico anuncio.
5. La viabilidad del 20/20, es decir de proponer 20% de renovables no convencionales (ERNC) en la matriz eléctrica el 2010 sin los considerables recursos financieros, impositivos, institucionale, que ello demanda, entre otros, es de difícil cumplimiento, salvo que se perpetúe la actual concentración económica y buena parte de los compromisos que emanen de esa propuesta sea asumida por las propias empresas eléctricas controladoras y dominadoras del mercado. La cifra de 85 millones de dólares para el fomento de las ERNC es claramente insuficiente. La relegación del Centro de Energías Renovables (CER) a una agencia sin poder ni presupuesto contradice, una vez más, este otro volador de luces.
6. Mención especial merece la (n)opción nuclear. Basado en los sesudos estudios de los expertos de empresas eléctricas y coincidente con las políticas de oferta eléctrica vigentes, el Presidente Piñera ha declarado que: “no construirá ni decidirá plantas nucleares durante su gobierno” (el promedio en el mundo para su construcción toma…entre 20 y 30 años y normalmente 10 a 15 veces los presupuestos originales) pero, señaló, se continuará con “estudios para conocer mejor esa energía, en capacitar mejor a nuestro ingenieros y en perfeccionar nuestra institucionalidad”, en la misma tónica del gobierno de Bachelet que durante su campaña presidencial firmó un acuerdo de rechazo a esta opción y con los mismos subterfugios de hoy terminó concediéndole su apoyo de facto. La declaración o propuesta del presidente de la República no incluye ni da cuenta de posibles viajes formadores a Fukushima. Peor aún, el informe de expertos del Gobierno que incluye a personeros y ex Ministros de la Concertación, señala al respecto que esta opción -la nuclear- sería: seguro para las personas y el medio ambiente, económicamente interesante (sic!), de bajo impacto global y local…para más adelante afirmar que la opción nuclear: “sería un seguro estratégico que permitiría garantizar el suministro energético sustentable” (Informe CADE, pg. 172. Nov. 2011). Contrasta esta situación con el cierre de planes nucleares para generación eléctrica, en la mayoría de los países escandinavos, Alemania, Italia, Suiza y…Japón, entre otros.
7. Los verdaderos problemas y desafíos energéticos son soslayados, no reconocidos, postergados: la dependencia y vulnerabilidad de nuestra matriz, la pérdida de competitividad de nuestra economía, el sostenido crecimiento de precios y tarifas frente a rentabilidades de las empresas energéticas que crecen con crisis o sin crisis con sismos o sin sismos, de crisis crónica del sector eléctrico (según propios escritos de conspicuos expertos del Gobierno), la condición de zonas saturada y latente de más de una veintena de ciudades grandes y medias de la VI a la XI Región por el uso de mala leña, etc., aparentemente, reiteramos, no aparecen develados ni son motivo de propuestas ni de la Alianza ni de la Concertación.
Identificar las dificultades y desafíos del sector energético chileno, entre otros del cambio climático y su impacto en las próximas décadas, exige cambios severos en: la elevada concentración, la falta de política energética, el cambio en las reglas del juego y terminar con el círculo vicioso que está a la base del funcionamiento del sistema energético nacional: “más vendo más gano” sin importar en qué ni en cómo se use la energía.
8. Esta (pretendida) mirada prospectiva de empresarios y de ciertos grupos de poder, excluyen tales cambios y las verdaderas opciones: el hidrógeno, las celdas de combustibles, las energías renovables en todas sus expresiones, nuevos modelos de negocios y de gestión de la energía, la desconcentración de los mercados, la generación distribuida, la cogeneración, una nueva ENAP y sobre todo, la adopción de medidas que apunten a perfiles y estilos de desarrollo menos voraces en energía y agua.
Una mirada de futuro exige compromisos serios en el ámbito de la investigación y desarrollo. De un quehacer universitario y de la academia que coincida con el interés nacional y público y se aleje de los editoriales mercuriales y copecistas.
El PRO no se cansa de señalar que las mejores, más eficientes y más rentables medidas no se encuentran en el sector energético sino en el tipo de casas y construcciones que alentamos, en el perfil de ciudades y urbes que desarrollamos y los procesos productivos que fomentamos a nivel minero e industrial.
9. Como ejemplo de verdaderas propuestas, ya anunciadas algunas de ellas durante la campaña presidencial pasada, tienen que ver con, a modo de ejemplo con: el cambio al SIPCO actual por un impuesto específico más equitativo que mantenga la recaudación pero que quite el mayor peso de esa recaudación a los pequeños usuarios (transporte), otorgue verdadera estabilidad de precios y se conforme simultáneamente un fondo de fomento a las energías limpias; un 2 a 3% al año de ahorro obligatorio a mineras e industria intensiva en energía y agua; el fomento a la generación distribuida; el urgente cambio a la normativa ambiental (EIA) para los megaproyectos energéticos por instrumentos más estratégicos; el 20/20 pero para toda la matriz energética y no sólo eléctrica.
10. El PRO señala enfáticamente que los desafíos no son sólo eléctricos sino energéticos, es decir asociados a los derivados del petróleo, el gas, el carbón y la leña. Por el lado de los usuarios o consumidores, esto quiere decir asociados al costos del pasaje del transporte y el precio de la gasolina, al precio de la leña seca y del gas para calefacción y agua caliente, y por cierto, también al sostenido aumento de precios de la electricidad para la iluminación y uso de aparatos.
En ese contexto, los desafíos son a la vez políticos y de poder: no existirán ni podrán concretarse las verdaderas opciones tecnológicas sino se cambian las reglas de juego y el Estado no asume el liderazgo que le corresponde.
En el plano de la energía así como en otras dimensiones de nuestra vida social económica y política, se requieren cambios profundos, sino seguiremos siendo no sólo rehenes de un marco regulatorio eléctrico y energético perverso sino además receptores de anuncios que parten desahuciados y que a la luz de la historia reciente aumentan la vulnerabilidad y la dependencia de nuestra matriz, erosionan nuestra competividad, dificultan el acceso a los servicios energéticos a la gente y a la Pyme y nuestro medio ambiente se deteriora a pasos agigantados.
Marco Enriquez- Ominami
Presidente
Miguel Márquez
Coordinador PRO-Energía