Esto fue un capítulo más de la anunciada crónica de la pérdida de nuestra soberanía energética. En Chile, las decisiones de asuntos fundamentales, como la electricidad, se toman en directorios de empresas extranjeras (en Colombia, en España, en Italia, por ejemplo), que piensan, como es lógico y bárbaro al mismo tiempo, no en nombre de los intereses y el bienestar de Chile y los chilenos, sino que de su rentabilidad. Piensan en cómo cobrar no lo justo, sino lo más que puedan. En cómo ahorrar y funcionar sin trabajadores manteniendo líneas, o sin operadores haciendo guardias para levantar los sistemas cuando se caen.
Lo que pasó era evitable. Se anunció en 2018, cuando un estudio identificó cuatro puntos críticos en la red eléctrica nacional que estaban con riesgo de apagón total. Se advirtió a las empresas (i)responsables, ISA Interchile, Transelec y TEN S.A., que debían implementar un Plan de respuesta sobre esos puntos críticos en un plazo de 10 meses. No lo hicieron. Mientras tanto, el Coordinador Eléctrico Nacional, (i)responsable de supervisar y fiscalizar esto, no informó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Los privados no cumplieron. El Estado tampoco. Millones, casi todos, nos quedamos a oscuras. El mundo nos puso en los titulares por el tamaño absurdo de la negligencia.
El Gobierno alzó la voz con fuerza y prometió a ISA InterChile que “estaba avisada”. Aunque claro, lo mismo dijeron al presidente Piñera cuando anunciaron que lo investigarían por violaciones a los derechos humanos; y lo mismo cuando proclamaron que iban a cavar la tumba del neoliberalismo en el Patio de Los Naranjos. Y así fue como pasamos del “Señor Piñera está avisado” al “Señor Piñera está estatuado“, y de ser la tumba a la consolidación del neoliberalismo: Tres patas sí, dos patas mejor, 10% a las AFP sí, 14,5%, mejor.
Para dar certezas a la gente frente al riesgo y la energía, es vital, primero que todo, no tirar el agua sucia con la guagua dentro. No había que tirar ni al Estado por la ventana cuando se hicieron las privatizaciones, ni tampoco, ahora, a la propiedad privada a la hora de exigir respuestas, responsables, indemnizaciones y de poner en función de la soberanía, la seguridad y el bienestar de los chilenos empresas estratégicas como la energética. El objetivo tiene que ser el justo medio. Debe existir un mercado fuerte y un Estado también fuerte que lo controle. Se necesitan, ambos.
Pero las autoridades atravesaron todo, inmediatamente, con sus ideologías de partido de futbolito. La candidata de derecha Matthei, salió a criticar al gobierno por haber dicho, ellos, que eran los privados los responsables de la negligencia, y el Gobierno, de vuelta, sin ponerse un poquito colorados siquiera por la responsabilidad que les cabe en todo esto como fiscalizadores, tirándole la pelota a los del otro lado.
¿Qué hacer? dos cosas: Alcanzar la soberanía energética y gestionar los riesgos. Para lo primero es fundamental que haya competencia real, pero no solamente bajo el parámetro de la rentabilidad que le sacan al negocio los gerentes, sino que bajo el parámetro de la capacidad de las empresas en proveer servicios de manera segura, y para eso el Estado debe tomar un rol activo en la fiscalización, regulación y provisión de estos servicios, si es necesario. Existen modelos en Europa donde la generación y distribución de energía operan bajo un modelo mixto, con regulación estricta y participación estatal en momentos críticos. Si hay que contratar más gente para mantener las líneas, hay que contratar más gente. Dar trabajo es algo bueno, no malo. Ganar menos o lo mismo y dar un mejor servicio, está bien, no es un pecado.
Para lo segundo, para la gestión de riesgos, a estas alturas del partido no tenemos excusas porque a cada rato pasa algo en Chile. Terremotos, maremotos, nevazones, aluviones, qué se yo… solo falta que lluevan meteoritos. Esto, eso sí, el apagón, obedece a una naturaleza distinta, porque no fue que se cayera un árbol sobre un poste de luz. Acá la falla vino desde adentro de lo social, y eso, dice la literatura especializada, es todavía más grave. El punto al que voy es que ninguno de estos Not-imponderables puede pillarnos de nuevo por sorpresa. El Ministerio de Defensa debería ser el Ministerio de Defensa y Gestión de Riesgo, y las autoridades civiles, expertos científicos y del ejército y la policía, y autoridades del Ministerio de Interior, deberían tener un plan conjunto de respuesta temprana y de gestión de riesgo para enfrentar todas estas Not-eventualidades. Al minuto siguiente de un terremoto o de un corte de luz, la ciudadanía tiene que saber que el Estado y sus instituciones siguen funcionando, y eso tiene que estar material y comunicacionalmente diseñado. Antes, no durante.
Fuente: Interferencia.cl