Los anuncios de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dados a conocer por cadena nacional el 28 de abril del año en curso, son lo suficientemente radicales, a mi modo de ver, para enfrentar la grave crisis de confianza en las instituciones: en primer lugar suprimir el aporte de empresas a las campañas de elección popular; en segundo lugar, limitar a un período la elección de senadores y a dos las de diputados y alcaldes y concejales; en tercer lugar, terminar con el contrato de parientes en todas las reparticiones públicas; en cuarto lugar, prohibir la contratación de funcionarios fiscalizadores en las empresas fiscalizadas, por un período determinado; en quinto lugar, establecer una serie medidas relativas a la ética empresarial.
Otra de las propuestas interesantes dice relación con la implementación de programas de educación cívica en colegios y universidades, sin embargo, pienso que los procesos educativos superan el aula, por consiguiente, debieran abarcar también la televisión y otros medios de comunicación de masas. Hasta ahora, ningún canal televisivo abierto ha difundido un programa educativo sobre los contenidos de la Constitución y la metodología para reformarla o reemplazarla, de ahí que surja un fuerte analfabetismo político y, consecuentemente, una apatía ciudadana.
Los proyectos de ley a presentar, por parte del Ejecutivo, debieran dar cuenta de la profundidad de estas medidas, pues siempre existe el riesgo tanto por parte del gobierno, como del Congreso, que sea desvirtuado el trasfondo del informe del Consejo Asesor Presidencial, por parte de los parlamentarios de siempre sobre la base de sus intereses creados.
La Presidenta propuso la implementación de un proceso constituyente, que se iniciará en el mes de Patria – septiembre – que, hasta ahora, su formulación es bastante vaga, salvo la idea de que la nueva Constitución surja de la discusión en las distintas organizaciones sociales – Juntas de Vecinos, Cabildos regionales y/o comunales, y otros estamentos de la sociedad -.
Más que un proceso constituyente, pienso que la Presidenta debiera aprovechar la ocasión para proponer una reforma constitucional que le permita llamar a un plebiscito, por el cual los ciudadanos pueden decidir si quieren se convoque a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. Estoy convencido de que hoy, más que nunca, existen las condiciones para dar este trascendental paso que permitiría, por primera vez en la historia de Chile, que el pueblo construya sus propias reglas de convivencia.
Por otra parte, el 70% de la población se ha pronunciado favorablemente, a través de las encuestas de opinión, respecto a la idea de convocar a un proceso para una nueva constitución, que reemplace a la tramposa e ilegítima Constitución de 1980; a este apoyo popular se suma la propuesta de un proyecto de ley, presentado por más de 50 diputados, de distintas bancadas, que abogan porque la Primera Mandataria pueda convocar a un plebiscito para decidir la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente es el mejor camino para solucionar la grave crisis de representatividad, legitimidad y credibilidad, que no comienza con los escándalos que conocemos recientemente, sino que se viene arrastrando desde varios decenios. Por ejemplo, en las últimas elecciones, presidencial y parlamentarias, sólo votó un 40% del universo electoral, en que la Presidenta de la República representaría, apenas, el 25% del electorado, y algunos parlamentarios, ni siquiera llegarían al 8%; en las encuestas, los partidos políticos no alcanzan al 10% de apoyo, y el Congreso tiene un rechazo de un 90%.
Las crisis de las instituciones se resuelven con más democracia y la crisis de la política, con más política, en consecuencia, la vía consiste en devolver el poder al pueblo, verdadero soberano en una democracia y dar paso a la Asamblea Constituyente, institución que ha sido fundamental en el desarrollo de la democracia moderna, desde los padres fundadores de Estados Unidos hasta nuestros días.
Marco Enríquez-Ominami