Porque todos los chilenos pagaremos los costos y deberemos vivir con las consecuencias del sistema de pensiones, es necesario y razonable que, después de un debate intenso, informado y serio sobre los costos y beneficios de cada alternativa, todos los chilenos decidamos en un plebiscito vinculante cuál opción debe escoger el país: un sistema de capitalización individual, un sistema de reparto solidario o un sistema mixto.
La decisión soberana de los chilenos será un mandato que los poderes Ejecutivo y Legislativo deberán convertir en una ley que permita materializar la voluntad ciudadana.
El intenso debate sobre cómo reformar el sistema de pensiones para garantizar jubilaciones dignas con un mecanismo sustentable que minimice los riesgos para la economía y optimice la calidad de vida de los chilenos de la tercera edad refleja distintas visiones de país y prioridades. Personas razonables han presentado argumentos poderosos en defensa de distintas posturas.
Como este es un debate que también se está dando en otras democracias, resulta simplista sugerir que alguien tiene toda la verdad. Es verdad que muchos países temen que sus sistemas de reparto sean inviables en el largo plazo. Pero también es cierto que la gran mayoría de esos países se han resistido a adoptar un sistema de ahorro individual por los riesgos que implica y la desigualdad que fomentan. Nadie es nunca dueño de toda la verdad. Pero en el debate sobre cuál es el mejor sistema de pensiones, hay muchas dudas sobre cuál es el mejor sistema para conciliar las prioridades de fomentar el empleo, promover la solidaridad y asegurarnos de que nuestros ciudadanos en edad de jubilar puedan vivir dignamente.
Precisamente porque la coyuntura en la que se encuentra el país amerita una discusión seria, responsable y que presente los distintos argumentos y las diferentes posiciones, es clave que toda la ciudadanía se involucre en el proceso de toma de decisiones que implica reformar el sistema actual. De ahí que propongo que el proceso de debate que estamos recién comenzando culmine con un plebiscito nacional vinculante en que los chilenos puedan decidir cuál será la dirección a seguir.
Desde sectores conservadores a menudo reclaman que el gobierno le hace demasiado caso a la calle. Estos grupos conservadores descalifican a los movimientos ciudadanos y alegan que hay mayorías silenciosas que no son escuchadas. A su vez, desde los sectores más progresistas e izquierdistas, a menudo reclamamos porque los procesos decisorios son monopolizados por tecnócratas que toman decisiones que afectan a la gente común sin tomar en cuenta la visión de esa gente común.
La democracia representativa que tenemos presenta a su vez desafíos. Porque los ciudadanos elegimos representantes para que tomen las decisiones, existe el riesgo de captura por parte de grupos de interés que ejercen presión indebida. La capacidad de presión de las AFP, por ejemplo, es superior a la que tienen las organizaciones de jubilados o cotizantes que sienten que sus pensiones son bajas o sus comisiones demasiado altas. Afortunadamente, los desarrollos tecnológicos han facilitado la introducción de mecanismos de rendición de cuentas, de tal forma de que la democracia representativa pueda ser complementada con elementos participativos. El plebiscito es una herramienta que, usada correctamente, permite fortalecer la democracia representativa, promover la participación ciudadana y mejorar la calidad y legitimidad de nuestra democracia.
Realizar un plebiscito sobre cuál es el camino a seguir en la reforma a las pensiones permitirá que la ciudadanía participe activamente del debate y, a través de su decisión soberana, muestre el camino a seguir a la clase política que deberá negociar y articular los detalles de la reforma que será promulgada.
Propongo que la Presidenta Bachelet y el Congreso Nacional logren un acuerdo que permita realizar un plebiscito vinculante dentro de los próximos 6 meses. Aunque los detalles de la reforma estarán sujetos a la negociación entre el Legislativo y el Ejecutivo, es fundamental que la gente primero tenga el derecho a elegir qué hoja de ruta quiere seguir en la reforma a las pensiones: un sistema de reparto, un sistema de ahorro individual o un sistema mixto. Para asegurarnos que haya mayoría absoluta, la gente podrá identificar su primera y segunda opción (de tal forma de que se produzca una especie de segunda vuelta entre las dos primeras opciones de forma automática).
La campaña para el plebiscito permitirá un debate intenso, informado y participativo. No debemos tenerle miedo a la gente. Aunque hay riesgo de desinformación y campañas sucias, el hecho que el tema en discusión sea algo tan importante para cada chileno hará que la gente busque informarse y participe activamente de un debate sobre el que hay distintas visiones y en el que cada opción implica costos, beneficios, riesgos y oportunidades.
Muchos hoy temen que el debate sobre reforma a las pensiones termine polarizando al país y nos lleve a adoptar decisiones apresuradas, irresponsables, inviables o insuficientes. Al introducir el mecanismo de plebiscito para que los chilenos decidan cuál es el camino a seguir –y la clase política deba forjar un acuerdo que refleje ese mandato– no solo estaremos dando legitimidad a la reforma que se habrá de implementar, también estaremos confiriendo una legitimidad sin precedentes a nuestra democracia.
Fuente: El Mostrador