Alejandra Bottinelli, Coordinadora de Género del comando de Marco Enríquez-Ominami, salió al paso hoy a las declaraciones realizadas por la encargada del área Mujeres del comando de Michelle Bachelet, Yolanda Pizarro, quien culpó a una falta de acuerdo de mayorías en el Parlamento por los pocos avances hacia las mujeres realizados durante el gobierno de la precandidata de la Concertación.
“Desde 2006 los movimientos sociales, de mujeres y feministas insistimos a Michelle Bachelet sobre la necesidad de ponerle urgencia a la discusión parlamentaria de la Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos. Ignoramos los motivos por los cuales no lo hizo, pese a que esa Ley era clave para resguardar nuestros derechos, para impedir –por ejemplo– que quedase al arbitrio de caciques locales la administración de la anticoncepción de emergencia, etc. Ello no ocurrió, a pesar de que estaba incluido en su programa de Gobierno”, señaló Bottinelli.
La coordinadora de Género agregó: “Chile sigue en deuda con la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, única forma de que el país sea supervisado internacionalmente respecto del cumplimiento de los derechos consignados en la Convención. Personalmente entregué una carta a la entonces Presidenta en julio de 2009 solicitándole que antes de finalizar su mandato enviara al Parlamento el Protocolo Facultativo, cosa que estaba en sus manos y nunca ocurrió. Aunque duela, es necesario decir las cosas como son: aquí hubo acciones que la ex Presidenta no hizo aun cuando podría haberlo hecho. No basta sólo con gestos simbólicos y promesas, necesitamos tener certeza de que las políticas para defender nuestros derechos se llevarán a cabo. Son nuestros derechos, somos las mujeres y nuestra libertad y bienestar los que están en juego”, enfatizó.
Por su parte, la Presidenta del Partido Progresista Patricia Morales señaló: “Desde Beijing 2005, los Estados saben que las Encuestas de Uso del Tiempo a nivel nacional constituyen un valioso instrumento para visibilizar los aportes no remunerados a la economía y bienestar de la sociedad que hacen mujeres y hombres cotidianamente. Y que a partir de éstas se cuenta con insumos para elaborar políticas públicas redistributivas y empujar un cambio cultural respecto del valor del trabajo doméstico y, en especial, del trabajo de cuidado de otros/as. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, a pesar de esfuerzos concertados desde diversos ministerios e instituciones estatales, no fue posible que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Andrés Velasco, aprobara el presupuesto para efectuar esta encuesta que permitiría tener información sobre las personas que trabajan en sus hogares. Sólo se efectuó una encuesta en el Gran Santiago, financiada por un organismo internacional, cuyos resultados se encuentran en la web del INE y que muestra claramente la desigual carga de trabajo no remunerado que soportan las mujeres”.
Según el Foro Económico Mundial, Chile ha descendido 41 puestos en el ranking de igualdad de género de 2012. El Protocolo Facultativo de la CEDAW está en el Senado desde 2002, lo que implica que actualmente ninguna mujer puede reclamar la responsabilidad internacional del Estado de Chile por incumplimiento de la Convención. En Sudamérica, de los países signatarios de la Convención, Chile es el único que no ha ratificado dicho protocolo.