Este viernes, durante los alegatos de clausura, el abogado Ciro Colombara, aseguró que “estamos en presencia de un caso político, eminentemente político”, enfatizando que la causa en cuestión se inició por acciones de “cuatro parlamentarios y adversarios políticos de Marco Enríquez-Ominami: Paulina Núñez, José Manuel Edwards, Felipe Ward y Gonzalo Fuenzalida”.
“Estamos en presencia de un caso político, eminentemente político”, dijo categórico este viernes el abogado de Marco Enríquez-Ominami, Ciro Colombara, al comenzar sus alegatos de clausura en el escenario del juicio oral por presuntas irregularidades en la rendición de gastos ante el Servel, de la campaña presidencial de 2013 del exdiputado.
“Esta investigación comienza mediante una denuncia presentada el cinco de abril de 2016 por cuatro parlamentarios y adversarios políticos de Marco Enríquez-Ominami: Paulina Núñez, José Manuel Edwards, Felipe Ward y Gonzalo Fuenzalida”, agregó el defensor, que luego cuestionó que ninguno de los ellos declaró durante el juicio.
“Los denunciantes brillaron por su ausencia. No fueron capaces de dar testimonio y esclarecer las innumerables interrogantes”, insistió el abogado, mencionando que “así comenzó el juicio del avión que, durante casi 6 años, a punta de filtraciones del Ministerio Público y del Concejo de Defensa del Estado, se transformó en un caso de estudio de justicia mediática sobre un avión y MEO”.
“Cada paso de la investigación, cada declaración, cada viaje a Brasil de la abogada (Ximena) Chong y de los PDI, fue filtrada profusamente a la prensa, que incluso viajaron al mismo tiempo. Por eso, Marco Enríquez-Ominami, al inicio de este juicio, habló de sesgo y dijo que ya había sido condenado públicamente. Y tiene razón”, destacó.
En la misma línea, aseveró que “la verdad es una sola. El avión no tiene condición delictiva. No es delito. No sólo lo digo yo. Lo dijo el Fiscal Retamal en el caso de la candidata Evelyn Matthei por un avión usado en el mismo año, en la misma campaña y lo dijo públicamente la abogada Chong a propósito de este caso”, recalcó Colombara.
“El avión no lo pidió Enríquez-Ominami”, insistió el abogado, y recordó un episodio en el juicio, al término de la rendición de pruebas del Ministerio Público. “Llamó la atención sobre lo que ocurrió con la traductora de la abogada Chong cuando intentó engañar al tribunal con la traducción de la palabra “acreditar”, para hacer creer que un supuesto testigo brasileño habría dicho eso. La sorprendimos y advertimos le al tribunal. La traductora terminó pidiendo disculpas”, dijo, al tiempo que mencionó que “el avión no se declaró, tal como ocurrió con la candidata Matthei que fue sobreseída por mismos hechos”.
“Como el avión no se declaró, no hubo devolución de dineros fiscales de ningún tipo. Tampoco hubo infracción administrativa alguna, porque de otro modo el SERVEL habría iniciado procedimientos contra Marco Enríquez-Ominami y Matthei. Y no lo hizo”, insistió.
Durante su intervención también hizo mención a la teoría del caso del Ministerio Público, asegurando que ésta “se fundaba en algunos puntos claves: el rol de OAS, el caso Lava Jato y los testigos claves brasileños que le contarían al tribunal cómo se habría cometido el delito”
“El caso LAVA JATO, y esto es de público conocimiento, ha terminado en investigaciones penales en contra de los Fiscales y del Juez Moro por haberse coludido para perseguir injustamente a candidatos que no les eran de su agrado. La politización de la justicia siempre, siempre termina mal. Y los abogados acusadores lo saben”, continuó Colombara, destacando que “los testigos claves brasileños nunca declararon”.
“Se podrá argumentar que el Covid se los impidió o los abogados acusadores podrán buscar explicaciones, pero lo cierto es que hubo negligencia evidente de los acusadores. No pidieron prueba anticipada (acaba de morir Duda Mendonca, quien estaba gravemente enfermo; cuestión que la abogada Chong sabía o debía saber). Fueron al menos 2 veces a Brasil a tomarles declaración a testigos que no hablaban español, abogados y detectives que no sabían portugués, sin llevar un traductor desde acá, sin grabar o filmar la declaración, en síntesis, sin hacer nada que un operador principiante del sistema penal habría hecho. Me imagino que habrá alguien en el Ministerio Público o en la PDI que sepa portugués, para que hubiera ido, porque de otro modo, es ir a pasear”, afirmó, añadiendo que, con todo lo anterior, “terminamos oyendo en el Juicio Oral a la traductora de la abogada Chong, traduciendo de manera parcial y errada, declaraciones prestadas en Brasil en portugués frente a una abogada y a un PDI que no saben portugués”.
Por último, el abogado defensor emplazó al Ministerio Público por no citar al administrador electoral a cargo de las rendiciones de campaña de Enríquez-Ominami ante el Servicio Electoral, quien por ley es la persona a cargo de hacerlo.
“Nos habríamos ahorrado muchísimo tiempo si se hubieran leído la ley los acusadores antes de avanzar en este juicio”, dijo, aludiendo al contador Carlos Muñoz, quien era el encargado de llevar el control de los gastos realizados durante la campaña y no Enríquez Ominami.
En ese sentido, el abogado dijo que “no es el candidato quien lleva el control de los gastos de su campaña ni quien de manera directa y personal rinda la cuenta general de ingresos y gastos, eso, lisa y llanamente, es absurdo”.