La afirmación de Paul Krugman en mayo de 2014 sobre lo equivocado de los análisis económicos ortodoxos (“lo que hemos descubierto a lo largo de los últimos cinco años es que incluso en una coyuntura que justifica sobradamente que las políticas públicas incrementen la demanda, la mitad de la profesión económica y la mayoría de los responsables políticos encontrarán razones para hacer exactamente lo que no hay que hacer”) parece empezar a hacerse realidad en Chile.
En efecto, ha empezado a difundirse la especie de que “el gobierno no tiene ya márgenes de acción” para reactivar la economía. Y este tipo de afirmaciones, que son propias de los ortodoxos criollos que inundan los medios con sus repeticiones sin fundamento, empiezan a escucharse en los voceros oficiales, a veces tan prestos a buscar “respetabilidad” repitiendo sin más las afirmaciones de los economistas de derecha menos ilustrados pero con resonancia en la prensa conservadora.
De la crisis de 2009 se salió con una mezcla de déficit fiscal de -4.2% del PIB (que implicó adecuadamente alejarse temporalmente del equilibrio fiscal estructural) y una baja de la tasa de interés -que erróneamente el Banco Central había subido desde 6% en enero a 8,05% en septiembre de 2008- hasta 0,5% en julio de 2009 y que mantuvo por un año. Esa rápida, aunque algo tardía, reacción permitió recuperar una senda de crecimiento de 5-6% desde 2010 hasta mediados de 2013, en medio de un refuerzo de la inversión de reconstrucción post terremoto, de una ola de inversión minera sin precedentes y de aumentos de las remuneraciones reales. Al concluir la primera y ralentizarse el crecimiento de las segundas, disminuyendo la tasa de crecimiento del consumo de los hogares, la economía se desaceleró, lo que el Banco Central, tan venerado por todo el mundo, no previó en absoluto. Cometió de nuevo el error de mantener la tasa de interés de referencia excesivamente alta para la coyuntura, pero luego enmendó y empezó a disminuirla desde el 5% de octubre de 2013 hasta llevarla al 3% de octubre de 2014, y que mantiene en la actualidad. Permanece entonces un margen de disminución que debiera emplear a la brevedad para ayudar a reactivar la economía, una vez concluida la absorción de la fuerte devaluación del peso del último año y que impactó sobre la inflación, la que ya vuelve a una senda de 3% anual.
En materia de política fiscal existen evidentes márgenes. El presupuesto de 2015 se ha programado con un déficit efectivo de -2% del PIB y un déficit estructural de -1,1% del PIB. Pero el balance del Gobierno Central en el primer trimestre 2015 arrojó un superávit de 0,1% del PIB estimado para el año, sin que esté contribuyendo a evitar una recesión. La recaudación tributaria ha aumentado más allá de lo previsto por la reforma de septiembre 2014, por lo que el gobierno debe acelerar el gasto presupuestado. Y si es necesario, como ya lo hizo para abordar los gastos de reconstrucción en el norte, debe, si lo que está en juego es evitar una recesión, aumentarlo, especialmente en materia de inversión. Y CODELCO debe tomar ahora la batuta en materia de inversión minera, ampliando todas sus actividades.
Para una política fiscal activa y contracíclica, el Estado de Chile es el mejor dotado de América Latina y uno de los mejor dotados en el mundo. Al 31 de marzo, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) acumulaba US$14.487,4 millones, mientras que el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) acumulaba US$7.847 millones. Los Otros Activos del Tesoro Público y el Fondo para la Educación registraron saldos de US$2.962,7 millones y US$3.699,2 millones respectivamente. Los activos del Tesoro Público totalizaron así unos US$28.996 millones, cifra equivalente a cerca del 12% del PIB. No hay, en el presente, problema alguno de consolidación fiscal y Chile dispone de reservas que se han creado con esfuerzo en el pasado reciente. Deben ahora utilizarse para reactivar la economía, porque para ese fin fueron concebidas.
Como observará el lector, en este análisis nada tienen que ver los temas del rechazo empresarial a la reforma tributaria y laboral, que supuestamente estarían afectando gravemente a la economía. Esa es simplemente la oposición de un sector minoritario de la sociedad a progresos sociales indispensables, que cuentan con amplio apoyo ciudadano, como acaba de reiterar un reciente estudio de opinión universitario. La coyuntura económica tiene su propio ciclo, sus propios instrumentos de regulación, los que no deben confundirse con la posición ideológica dominante de una parte del gran empresariado, que rechaza toda reforma social y a la que le es perfectamente indiferente el mayor o menor dinamismo de la economía para estos fines. El gobierno simplemente debe persistir con sus reformas de interés general y no dejarse influir por cantos de sirena de minorías interesadas, por influyentes que sean.