Marco Enríquez-Ominami
Presidente Fundación Progresa
Raúl Requena
Director Programa Laboral Fundación Progresa
Los progresistas asimilamos la Reforma Laboral a un nuevo Pacto Social, cuyas cláusulas contienen consensos respecto de lo que pueden y deben hacer trabajadores y empleadores en materia laboral, social y económica. Esta idea que las partes puedan denunciar y eventualmente rehacer, se inscribe con naturalidad en el contexto sociopolítico de gran parte de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Pero toda reforma o pacto se afirma en la confianza. Según la OCDE, solo un 13% de la población en Chile confía en las demás personas, muy por abajo del promedio de la región que alcanza el 59%. Esto afecta acuerdos de mutuo beneficio entre empleadores y trabajadores. Un nuevo Pacto Social debe servir para avanzar sin retroceder y para terminar con la desconfianza y la desigualdad.
Las implicaciones de un pacto social se extienden más allá de lo que se deriva de las reformas laborales convencionales. Es necesario alcanzar consensos sociales y políticos mínimos sobre el papel de la empresa y las aspiraciones de los trabajadores. La concepción de un pacto social se asocia al diseño explícito y consensuado de una ruta de navegación de mediano y largo plazo, así como a la recuperación de la noción de planificación del desarrollo. Esto es, a su vez, la expresión de un diseño más ambicioso e integral de una reforma laboral: I) elevar la productividad; II) dotar de mayor transparencia a la política laboral; y III) promover la equidad.
En el actual momento de la economía nacional, caracterizado por una desaceleración del crecimiento, el panorama para grandes reformas es reducido; sin embargo, no se puede desconocer que en los últimos 20 años, Chile ha emergido como uno de los 25 países que más ha crecido a nivel mundial, el segundo que más lo ha hecho en la OCDE y el que más crece en América Latina. Es además, de acuerdo al informe de Panorama Social de Organización Internacional del Trabajo (OIT), el país con mayores grados de formalidad laboral en América Latina y El Caribe. Entre 1990 y 2013, Chile ha cuadruplicado su ingreso per cápita, situándose en la categoría de países con Ingresos Altos. Todos acontecimientos positivos.
No obstante el crecimiento, en muchas empresas no se respeta la legislación laboral; lo que se a transformado en un obstáculo para la conformación de un sistema laboral que brinde sustento a un pacto social.
Sin embargo, la idea de una reforma laboral como un nuevo pacto social encuentra hoy un ambiente favorable en el país. Al menos dos razones explican aquello. Por un lado, la evidencia de que las buenas practicas laborales constituyen una poderosa herramienta de contención ante los efectos más perjudiciales de la desaceleración (reducción del empleo, los ingresos y el consumo). Por otro lado, el convencimiento de que una adecuada reforma, respaldada por una alta capacidad de fiscalización, contribuye de forma complementaria a la equidad, la cohesión social y el desarrollo productivo.
¿Qué tipo de reformas se necesitan para acercarnos a ese pacto social, que ha demostrado ser eficaz en otros países?
Considerando que nuestro patrón de crecimiento se ha caracterizado por una marcada desigualdad, la reforma bien podría ser integral o abordar algunas áreas concreta como la capacitación – si se orienta bien la capacitación y se aumentan las competencias de los trabajadores, los trabajos van a ser mejores y los salarios también – el empleo; la protección social o bien construirse en torno a una idea motriz como las buenas practicas laborales – evitar los abusos, concretamente las practicas antisindicales, y sancionarlas con todo el rigor cuando existan – la responsabilidad social o la lucha contra la desigualdad mediante el fortalecimiento de la negociación colectiva.
Una mejor responsabilidad social es un factor que favorece la reforma o pacto social. Esta responsabilidad puede incluir desde la aceptación de determinados cambios – en una primer etapa – es decir; prácticas laborales razonables hasta acuerdos marcos de segunda generación, con estrategias claras, en función de los desafíos del país. Es especialmente relevante impulsar la transparencia y la eficiencia en algunos sectores claves de la economía.
El actual modelo de relaciones laborales, heredado del Plan Laboral de 1979, tiene características que hacen de Chile un experimento al momento de revisar experiencias similares. Sin posibilidad de negociar más allá de la empresa, con una huelga altamente restringida y con la posibilidad de reemplazar a los trabajadores, la evidencia empírica muestra una progresiva caída sindical que erosiona un desarrollo verdadero.
En Chile, se opera bajo un esquema absolutamente descentralizado donde prima el nivel de empresas, al estilo de los modelos anglosajones como EE.UU, Inglaterra y Canadá.
¿A que nos referimos con practicas laborales razonables?
Por ejemplo, la práctica de reemplazar a los trabajadores que están en huelga, algo que actualmente puede hacerse legalmente en nuestro país, viola los principios de la libertad sindical consagrados en el Convenio número 87 de la OIT, ratificado por Chile.
Chile tiene la peor distribución del ingreso entre los 34 países que integran la OCDE, y posee una de las más bajas tasas de sindicalización, con apenas un 14,2% de los trabajadores. Sin dejar de lado que solo en el 15% de las empresas se negocia colectivamente.
Para revertir este panorama, una reforma laboral o nuevo pacto social debería impulsar la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Reformas que deberían tomar en cuenta el consenso alcanzado entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), incorporando además a interlocutores más allá de estas dos organizaciones.
Un nuevo Pacto Social requiere ser lo suficientemente tolerante como para incorporar los retos socioeconómicos de corto y de largo plazo.
Tras el retorno a la democracia (1999), Chile comenzó un proceso de regulación laboral limitada, que intento dotar de mayor protección a un mercado laboral altamente liberalizado. Con el tiempo se han originado cambios menores en el Código del Trabajo, se aumentó el salario mínimo, y finalizando los ’90, comenzó una utilización de políticas activas de mercado laboral (capacitaciones, planes de empleo, y otros).
En este cuadro, el proceso de regulación limitada mantuvo al margen transformaciones de fondo, que abordasen la estructura e ideología del Plan Laboral. De este modo, a casi 34 años de su implementación, hoy se mantienen incólumes los enclaves laborales activados en dictadura, y es por aquello que se observa, por ejemplo:
- Disminución en la cobertura de negociación colectiva con derecho a huelga (de 12% a comienzos de los ’90 a un 8,1% en 2012).
- Reducción en la densidad sindical, la que pasa de un 18,2 % en 1991 a un 14,6 % en 2012.
- Atomización sindical durante la mayor parte del periodo post-dictadura: entre 1991 y 2006 se crean 1.717 sindicatos pero la masa sindical se mantiene estadísticamente constante (701.355 afiliados en 1991 versus 703.706 en 2006).
- Aumento de los convenios colectivos de trabajo sobre el total de instrumentos colectivos.
- Constante deterioro en los resultados económicos de la negociación colectiva. El reajuste real promedio (últimos 10 años), es menor a 1%.
- Aumento del sindicalismo inter-empresa con menores posibilidades de negociación colectiva, puesto que solo pueden negociar con el permiso del empleador.
- Debilidad sindical al considerar la inestabilidad laboral en ascenso: el 50% de los trabajadores dependientes tiene una antigüedad promedio menor a dos años (Nueva Encuesta de Empleo).
- Disminución de trabajadores en huelgas. Entre 1991 y 1990, un 1,5 % de los asalariados que potencialmente pueden negociar colectivamente participaron en una huelga. En 2012, la cifra llego a 0,65 %.
¿Cómo optimizar la confianza entre empresarios y trabajadores?
Una de las vías es mejorar las remuneraciones, la participación y gratificaciones para que el trabajador se sienta parte de la empresa. Por aquello, ratificamos la importancia de un Pacto Social como elemento de estabilidad. Se requiere una sociedad más justa en la que los beneficios del crecimiento lleguen a todos.
Lo anterior nos lleva a reafirmar que uno de los pilares de la reforma laboral, además del fortalecimiento a la sindicalización, es la titularidad en la negociación colectiva y el efectivo derecho a huelga. El desafío es equiparar las condiciones del empleado y del empleador. En la actual relación donde el empleador tiene todo. ¿Cómo se puede establecer un diálogo real si el trabajador esta siempre bajo la orden de subordinación?
Una Reforma Laboral o nuevo Pacto Social requiere ser lo suficientemente tolerante como para incorporar los retos socioeconómicos de corto y de largo plazo
Estamos a favor de una reforma laboral cuyo objetivo sea permitir que los trabajadores y sus organizaciones estén mejor y que las empresas tengan mayor competitividad. Creemos que este objetivo es compartido por el sector empleador, como también creemos que la reforma debe estar focalizada en el Libro IV del Código del Trabajo; es decir, titularidad sindical, simplificación del proceso de negociación colectiva, piso mínimo, y prohibición de los grupos de negociación, entre otros. Estos temas en nada afectan la competitividad de las empresas.
Nos asiste el convencimiento de que sólo con sindicatos fuertes y representativos y con condiciones institucionales que permitan una negociación colectiva más equilibrada, Chile podrá corregir la inequidad que se genera en la distribución primaria del ingreso.
La existencia de prácticas laborales razonables pueden asegurar una mejor adhesión de los recursos humanos, transformando la reforma o pacto social en una herramienta eficaz para el desarrollo de las empresas. Si el pacto social se sustenta en la necesidad de mejorar la productividad mediante la transparencia de los planes de desarrollo, será fundamental elevar la responsabilidad de los trabajadores en el buen uso de los recursos. Las reformas deberían apuntar al objetivo de consolidar los avances en los acuerdos sociales, basados en la experiencia internacional.
En numerosos países de América Latina ha sido evidente la recuperación de la productividad como un instrumento transparente y democrático de distribución de utilidades.
Este avance institucional es parte del pacto social necesario para que las empresas promuevan participación, desarrollo y respeto a la normativa laboral.
Chile tiene una deuda con el mundo sindical y laboral, pilares fundamentales en la recuperación de la democracia, pero la confianza entre los actores sociales a disminuido, lo que representa una barrera para la creación de fuertes vínculos institucionales y sociales.
Los desafíos que Chile enfrenta en la actualidad evidencian la necesidad de eliminar estas barreras y lograr mayores niveles de cohesión social entre los actores claves. La experiencia internacional muestra como en otros países se han impulsado reformas que han tenido éxito en construir consenso sobre los principales problemas de las empresas y sus trabajadores. Los Países Bajos, España, Irlanda, Brasil, Costa Rica y Uruguay pueden ser citados como ejemplos. Naciones que han facilitado el desarrollo de las organizaciones sindicales, mediante reformas con carácter de pacto social.
¿Cuál es la Reforma Laboral que Chile necesita?
Como lo hemos mencionado, se requiere una reforma que contribuya a aumentar la productividad laboral, somos el país menos productivo y el segundo con el mayor numero de horas trabajadas en la OCDE.
La reforma debe promover a la empresa y el trabajo como las grandes palancas para cerrar las brechas de equidad que persisten, el 80% de los hogares vive con menos de $600 mil.
La reforma laboral debe ser pro empleo para los trabajadores que permanentemente no acceden al mercado laboral, mujeres y jóvenes.
Somos una sociedad desconfiada, Chile necesita diálogo social y relaciones colaborativas entre empleados y trabajadores.
Todo lo anterior tiene nombres propios: Practicas Laborales Razonables, Pacto Social o simplemente Reforma Laboral, pero no cualquiera; sino una que de cuenta de la urgencia de una nueva titularidad sindical, de una real simplificación del proceso de negociación colectiva, de un piso mínimo, y de la prohibición de los grupos de negociación.
Como ya lo señalamos, estos temas en nada afectan la competitividad y supervivencia de las empresas. Se trata de una Reforma Laboral que apunte hacia un Nuevo Pacto Social.
Fuente: El mostrador