HASTA QUE el proyecto de ley sobre reforma tributaria ingresó a la Comisión de Hacienda del Senado, última instancia para hacer de esta iniciativa un instrumento efectivo para corregir la desigualdad.
Es un hecho que las reformas pedidas en la calle y en las urnas, por la gran mayoría de los chilenos, requieren de un aumento de los ingresos permanentes. Por lo mismo, el debate dejó de girar en torno a la necesidad de modificar los tributos, para centrarse en el monto a recaudar y los mecanismos utilizados para ello. Lo anterior, debido a que una reforma tributaria no tiene como único objetivo aumentar la recaudación, sino también corregir la desigualdad.
La Presidenta Bachelet cumplió con su promesa de enviar este proyecto de ley en los primeros días de su gobierno, cuestión importante considerando que es siempre más fácil gobernar con bonos que plantear una reforma tributaria que apunte a garantizar derechos. Sin embargo, llama la atención que la discusión sobre el monto se dé sin que exista claridad sobre qué se pretende hacer y financiar en materia de educación, salud y otros.
No está claro que el Ejecutivo tenga cómo financiar una reforma educacional que incluya el fin del financiamiento compartido y la gratuidad universal en educación superior, si es que así lo contempla, sabiendo que la reforma tributaria entrará en régimen el 2018 y que el programa de gobierno incluye otras reformas de importante costo. Lo anterior es particularmente preocupante, pues existe el riesgo de que la discusión salga del ámbito de los derechos que debiese garantizar el Estado, o del pacto social en torno a qué se entiende por educación pública y se transforme en una discusión meramente financiera. Zanjar una reforma tributaria de US$ 8.200 millones sin previamente conocer el costo de la reforma en educación podría significar condenar el debate de ideas a una discusión meramente financiera sobre lo posible o financiable.
Este proyecto constituye un avance histórico, no sólo por su recaudación, sino también porque termina con el mal uso del FUT. Pero el desafío sigue siendo corregir la desigualdad. Por lo mismo, cuesta entender que esta reforma fije un impuesto a la venta de bienes raíces, es decir, a la venta de las propiedades de quienes ahorran toda su vida para cumplir con el sueño de ser propietario, y no grave la venta de activos financieros o fondos de inversiones, que concentran la mayor parte de la riqueza del país. Tampoco se entiende que la reforma no contemple la creación de un royalty minero y un IVA diferenciado.
Peor aún, ninguna de las correcciones ingresadas por Hacienda va en ese sentido. Por el contrario, pareciera que algunos diputados están más preocupados por defender los intereses de empresarios de sus zonas de votación que de reducir el IVA de la canasta básica de alimentos. Chile requiere de un sistema tributario progresivo que corrija la desigualdad y proteja a la clase media. Lo anterior no puede obviar las medidas señaladas anteriormente.
Marco Enríquez-Ominami
Presidente Fundación Progresa
Patricia Morales
Directora ejecutiva Fundación Progresa
Fuente: latercera.com