José Henríquez Muñiz
Al comenzar con esta breve columna, quiero expresar la base de mi postura: es fundamental que nuestro país cuente con una política criminal que sancione adecuadamente a los infractores de Ley. Tal punto es básico para garantizar la paz social y legitimar a la estructura punitiva nacional.
Ahora, desde mi punto de vista, el hecho de sancionar no se puede reducir a la idea de imponer una pena de cárcel. La idea de sanción, por el contrario, debe contener un elemento sustantivo, de reinserción, educación y adecuación de comportamiento a los parámetros que la ley exige.
Es este elemento sustantivo el que se extraña en la nueva normativa relacionada con el manejo en estado de ebriedad y lesiones o muerte, denominada popularmente como “Ley Emilia”.
Esta norma ha subido las penas para aquellos autores del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves, gravísimas o muerte de la víctima, además de impedir que los condenados en virtud de tal normativa puedan acceder a una pena sustitutiva que permitiera cumplir la sanción impuesta en libertad. Esta nueva ley omite por completo toda referencia al elemento sustantivo ya señalado: se extrañan penas accesorias tales como el sometimiento a tratamiento de consumo de alcohol y/o sustancias, o capacitaciones en educación vial. Lamentablemente, esta norma ha seguido el triste derrotero de leyes penales sin sentido (o con un sentido económico al que haré referencia a posterior), que se han venido elaborando por nuestros parlamentarios en los últimos años, cual es el de aumentar las penas sólo por aumentar las penas, pensando que tal medida generará un cambio de mentalidad en la ciudadanía y, en específico, en quien conduce. Craso error.
Desde ya señalar que la política de “aumento de penas” impulsada hace algunos años, en diversas materias, no ha tenido ningún resultado positivo. Se subieron las penas en relación con el robo de cajeros automáticos. ¿Disminuyó la comisión de estos delitos? La respuesta es NO. También se aumentaron las penas en los delitos relativos al robo de automóviles y la receptación. ¿Hubo una disminución de estos delitos? Nuevamente la respuesta es NO. Muchos de ustedes recordarán la creación del tipo de femicidio y su nueva penalidad asociada, alta por lo demás. ¿Mueren menos mujeres al año en contexto de violencia intrafamiliar? La respuesta nuevamente es NO. Incluso, podemos ir al extremo del aumento de penas: en Estados Unidos, como ustedes bien saben, muchos estados aún mantienen la pena de muerte en caso de delitos de extrema gravedad como, por ejemplo, el homicidio. ¿Se han reducido los homicidios en ese país por la pena de muerte? La respuesta, nuevamente, es negativa.
El punto es el siguiente: la finalidad en la creación de la “Ley Emilia” es lograr una baja de los delitos de manejo en estado de ebriedad que provoquen lesiones o muerte de las victimas. En un año más, tendremos las primeras cifras serias respecto a cómo ha funcionado la nueva normativa, y tendremos resultados poco alentadores. Difícilmente las cifras bajarán, es muy posible que se mantengan en los parámetros actuales o incluso suban. Lo dicho sucede por una razón muy simple: la conducta de manejar y beber alcohol es una costumbre arraigada en nuestra sociedad, por cuanto el ebrio que conduce tiene total confianza en que evitará cualquier daño a terceros y, además, confía que podrá evadir la acción de la justicia si eventualmente comete un delito. Esa conducta arraigada no se modifica con cárcel, se modifica con educación y tratamiento.
Para terminar, debo preguntar: ¿quién se beneficia con la entrada en vigencia de esta ley? La sociedad en su conjunto no se beneficia con esta norma. El delito seguirá cometiéndose en igual o mayor medida y, día tras día, seguiremos atentos a las noticias del conductor ebrio que atropelló a una persona o chocó en una esquina y terminó matando a alguien. Por su parte, la víctima o sus familiares, si bien tendrán la sensación de “justicia” y de inexistencia de impunidad, mantendrá el riesgo de volver a sufrir daños por la comisión de este delito, ya que las cifras no bajarán, lo que las transforma en potenciales nuevas victimas. El victimario también resultará perjudicado, por cuanto el Estado sólo responderá con el garrote y la cárcel, sin tratamiento, ni educación ni rehabilitación. Sin embargo, yo veo a un beneficiado con esta política de aumento de penas, que priorizan la cárcel y rechazan la idea de imposición de sanciones en libertad. Estos beneficiados no son ni más ni menos que las concesionarias de los establecimientos carcelarios, quienes tienen mayores ingresos mientras más personas presas tengan. La empresa gana; y el Estado y la sociedad, pierden. Fenomenal “política criminal” ¿no?
PS: Y si no lo sabía, por cada preso “extra” que llegue a una cárcel concesionada y que supere a la capacidad total del recinto, el Estado debe pagar una multa a favor de la concesionaria. Más presos, más dinero. Negocio redondo ¿no?
