Este domingo se dio a conocer en una nota en El Mercurio una demanda interpuesta por el líder progresista, Marco Enríquez-Ominami, en contra del Estado de Chile por daño moral a consecuencia del asesinato de su padre Miguel Enríquez en 1974, a manos de agentes de la DINA. Se solicita el pago de $100 millones a modo de reparación, los que en caso de ser otorgados por la justicia serán donados a beneficiencia en una institución que trabaje con niños abandonados.
ME-O demanda al Estado de Chile por daño moral a consecuencia de la muerte de Miguel Enríquez
En el escrito, al que tuvo acceso «El Mercurio», el abanderado presidencial del Partido Progresista solicita el pago de $100 millones a modo de reparación, los que en caso de ser concedidos por la justicia serán donados a una institución que trabaje con niños. Jorge Soto C.
El miércoles 11 de enero ingresó un escrito al 34 {+o} Juzgado del Crimen de Santiago dirigido al ministro Mario Carroza. No uno corriente, sino que una demanda civil en contra del Estado de Chile por el daño moral producto de un delito de homicidio calificado.
Tampoco se trata de un caso común, sino de uno que tuvo alta repercusión política: la muerte de Miguel Enríquez Espinosa, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y por la cual hay una indagación en curso encabezada por Carroza, en la que se investiga la participación de tres miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) en un operativo ejecutado el 5 de octubre de 1974.
La demanda, a la que tuvo acceso «El Mercurio», fue interpuesta por el abogado Hernán Fernández, en representación de Marco Enríquez-Ominami, candidato presidencial del PRO e hijo del fundador del MIR.
Según señala el escrito, el monto de la demanda asciende a 100 millones de pesos, los que, en caso de que sean concedidos por la justicia, serán destinados «a una institución humanitaria privada dedicada a la protección y defensa de los derechos de los niños y niñas residentes o inmigrantes en Chile».
En la elaboración del texto participaron Fernández -quien representó a las víctimas del caso Colonia Dignidad, trabajó en la fundación Tierra Esperanza, entidad colaboradora del Sename, y es actual asesor del Gobierno en política infantil- y el abogado y amigo de Enríquez-Ominami, Ciro Colombara.
Si bien esta no es la primera acción judicial que presenta el líder del PRO en este caso, sí es la primera que dirige contra el Estado. A comienzos de los noventa, Enríquez-Ominami colaboró en los informes elaborados por la comisión Rettig, al entregar antecedentes relacionados con la muerte de su padre al abogado Jaime Castillo Velasco. En 1991, la instancia le otorgó la calidad de ejecutado político al líder del MIR. A ello se sumaron otras acciones judiciales presentadas por organizaciones de derechos humanos y que se agregaron a la causa liderada por Carroza.
En enero de 2013, en tanto, en el gobierno de Sebastián Piñera, a través del Programa de Derechos Humanos, se presentó una querella por la muerte de Enríquez.
En ese entonces, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, le comunicó al ex diputado que el Ejecutivo tomaría acciones legales en este caso. Y entre las diligencias se le solicitó al ministro Carroza que oficiara a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI para que el propio Enríquez-Ominami se presentara a declarar.
En 2014, además, ME-O se hizo parte del proceso por el asesinato de su padre al presentar una querella en contra de quienes resulten responsables.
En el entorno del candidato presidencial comentan que se decidió presentar la acción judicial a raíz de las últimas diligencias tomadas por Carroza respecto de esta causa.
A comienzos de diciembre de 2016, el ministro dictó una acusación en contra de los agentes César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Teresa del Carmen Osorio y Rodolfo Ibáñez, como autores del delito.
La indagatoria señala que Miguel Enríquez era buscado por las fuerzas represivas del gobierno desde que se produjo el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, por lo que el dirigente tuvo que pasar a la clandestinidad.
Una vez hallado, en un domicilio ubicado en San Miguel, y acompañado de su pareja de entonces, Carmen Castillo, y los militantes del MIR, José Bordas Paz y Humberto Sotomayor, Enríquez Espinosa fue abatido mientras intentaba huir del lugar.
Con solo cinco meses de vida y después de recibir asilo político en la embajada de Venezuela, Marco Enríquez-Ominami salió de Chile rumbo a Francia, en donde vivió exiliado junto a su madre, Manuela Gumucio, y su círculo familiar.
Reproches de la izquierda
Los argumentos para demandar al fisco -representado por el Consejo de Defensa del Estado- se centran en los daños morales sufridos por el ex diputado, desde su niñez hasta la adolescencia, cuando regresó del exilio.
Por ejemplo, en el escrito se describen los «reproches» por parte de sectores de la izquierda chilena hacia Enríquez-Ominami, a su llegada al país, a los 13 años, y tras el retorno de la democracia.
«Se lo juzgaba por lo que hacía o por lo que no podía hacer. Por no ser el heredero que esperaban de su padre, fue también agredido y hostigado», señala la demanda, al rememorar un acto en honor a Miguel Enríquez a principios de los 90, en el cual el hoy candidato presidencial fue abucheado por los asistentes. El texto menciona también que los reproches provenían igualmente desde la derecha, al cuestionar la existencia de detenidos desaparecidos.
Asimismo, como parte de los daños morales en contra de la familia, se mencionan las desapariciones de sus tíos Bautista van Schouwen y Edgardo Enríquez, como también los apremios en contra de su tío Marco Antonio Enríquez y de su abuelo Edgardo Enríquez Frödden, trasladado a isla Dawson.
Las relaciones del fundador del PRO con la actual directiva del MIR permanecen congeladas, pese a que ambas colectividades se han reunido para abordar convergencias políticas de cara a un año electoral. No obstante, ME-O delegó en la directiva de su partido la asistencia a los encuentros, restándose de cualquier acto público ligado a los dirigentes de la colectividad fundada por su padre.
Carriles separados
La presentación del documento coincide con uno de los peores escenarios políticos que ha enfrentado Marco Enríquez-Ominami, investigado por los vínculos con SQM y por el uso de un jet privado presuntamente cedido por la empresa brasileña OAS.
A ello se suman los magros resultados en las encuestas, que afectan su posicionamiento como carta competitiva de cara a las presidenciales.
Quienes conocen el proceso encabezado por Carroza indican que la presentación de una demanda civil se ajusta a los plazos que establece la justicia luego de la acusación en contra de la célula de la Dina involucrada en la muerte de Enríquez. Argumento que, sostienen sus cercanos, blindaría al candidato presidencial frente a posibles acusaciones de pretender utilizar políticamente la figura del fundador del MIR.
Desde el PRO señalan que la indagatoria por la muerte de Miguel Enríquez y la campaña presidencial irán por carriles separados. Y para graficar, indican que el abanderado no ha participado en instancias como la reconstitución de escena dictada por Carroza, pese a que fue una diligencia solicitada desde el entorno de ME-O.
En la demanda, se dispuso a Luisa Barrios Williams -cercana a la familia- y a la madre del ex diputado, Manuela Gumucio, como testigos ante el ministro Carroza, para acreditar los efectos negativos «producidos en el ámbito personal, profesional, familiar y social», por la muerte de su padre.
Fuente: El Mercurio