Una seria denuncia de intervencionismo electoral presentó esta mañana en Contraloría la precandidata parlamentaria del Partido Progresista Varinia Aravena en compañía del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
Aravena explicó: “Vinimos a la Contraloría a dejar una denuncia por que fui desvinculada de mi cargo laboral, por persecución política y negarme a trabajar en la campaña de Michelle Bachelet y a realizar puerta a puerta por Carlos Montes, quien va a senador. Esto comenzó en febrero, cuando se le pidió a los funcionarios municipales de San Ramón que debíamos trabajar en la campaña, de lo contrario nosotros sabíamos cuáles eran las consecuencias. Puse al tanto al alcalde de la Municipalidad de San Ramón –Miguel Ángel Aguilera– a través de una carta. Lo único que obtuve fue una carta de despido y desvinculación de mi espacio laboral”.
Aravena, que trabajaba a contrata en un programa del Fosis y estuvo acompañada por el abogado de la Defensoría Ciudadana del PRO Nicolás Rivera, agregó: “El hostigamiento empezó en febrero, cuando llegó la nueva administración. Existió maltrato verbal. Viviana Leal, coordinadora del programa, nos dijo textualmente que venía a hacer política, que todos debíamos subirnos al carro y que los funcionarios debíamos estar al servicio de la campaña de este año. De lo contrario, sabíamos cuáles serían las consecuencias”.
La denunciante agregó: “Se nos obliga a trabajar fuera del horario laboral, a convocar a la gente para distintas actividades donde se hace abiertamente campaña política, se instrumentaliza a los funcionarios municipales y se instrumentaliza a los pobladores en espacio público. Hubo gente que en un principio rechazó trabajar, pero luego la mayoría se sumó a las actividades por temor a perder sus empleos”.
Enríquez-Ominami señaló: “Consideramos que Contraloría es una institución seria y diligente y, por tanto, esperamos que esto se investigue. En plena campaña presidencial nos parece que la derecha y la Concertación son de nuevo lo mismo, tienen las mismas prácticas. De confirmarse esto volvería a instalarse una verdad. Lo hemos visto en todas las campañas, denuncias de lado y lado. Hoy día esta tercera fuerza, que aspira ser la primera, lo hace con total transparencia y mirándolos a los ojos”.
Patricia Morales, Presidenta del Partido Progresista, acotó: “Lo que tenemos acá es un caso de ilegalidad. Estamos acompañando a una ex funcionaria de la ilustre municipalidad de San Ramón a presentar este escrito al Contralor General de la República para que con celeridad realice una investigación de este caso, ya que nos parece muy grave –si es que efectivamente es así– que haya funcionarios municipales participando de la campaña de Michelle Bachelet en horarios de oficina, patrocinado por el alcalde Aguilera”.
Enríquez-Ominami concluyó: “Que recluten funcionarios para las campañas no es un delito. Cualquier persona tiene derecho en sus tiempos libres a trabajar por la campaña que más lo identifique. Yo defendí en 2009 los derechos de Ministros de Estado que competían en mi contra y participaban en actos y puerta a puerta ejerciendo su derecho. No me escandalicé cuando ellos cometieron un par de errores llegando en autos fiscales a actos de campaña. Hoy hemos decidido poner un límite y por eso vinimos a Contraloría”.