Los pueblos originarios de nuestro país viven, mayoritariamente, en condiciones de discriminación, pobreza y exclusión que sólo puede resolverse con la aplicación de una política coherente y de respeto a sus derechos. Esto pasa por el reconocimiento de sus culturas como parte de un Estado pluriétnico y multicultural, y con la implementación práctica del Convenio 169 de la OIT, asumiendo, además, las conclusiones del informe sobre “Verdad histórica y Nuevo trato” del año 2003.