En Chile, el impuesto territorial o “contribuciones” genera más de 2.400 millones de dólares al año. Es una fuente clave de financiamiento para los municipios, pero también una expresión cruda de la desigualdad. Por eso, Marco Enríquez-Ominami propone una reforma estructural al sistema, orientada a la justicia fiscal, la equidad territorial y la protección de los sectores más vulnerables, especialmente los adultos mayores.
¿Cuál es el problema?
El sistema actual, aunque progresivo a nivel individual, reproduce y refuerza las brechas entre comunas. Mientras municipios como Vitacura o Las Condes recaudan más de $50.000 millones anuales, comunas como Lo Espejo no alcanzan los $500 millones. Aunque existe el Fondo Común Municipal (FCM), que redistribuye cerca del 60 % de la recaudación, este no alcanza a cerrar las brechas territoriales ni garantizar servicios básicos dignos para todos.
Además, el sistema castiga injustamente a miles de adultos mayores que viven en viviendas propias pero con ingresos precarios. Muchos de ellos no conocen la exención actual y enfrentan deudas por contribuciones que simplemente no pueden pagar.
Y lo más grave: mientras las familias de clase media pagan sus contribuciones religiosamente, los sectores de alto patrimonio eluden el sistema mediante sociedades que registran mansiones, yates y jets, reduciendo su carga tributaria efectiva.
La propuesta de Marco
Marco Enríquez-Ominami no propone eliminar las contribuciones, sino reformarlas inteligentemente para que cumplan su objetivo: financiar el desarrollo comunal con criterios de equidad y justicia.
A. Reestructurar las contribuciones
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Aumentar la porción que va al Fondo Común Municipal y transparentar su distribución según criterios objetivos (CASEN, MIDESO, INE).
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Eximir de contribuciones a adultos mayores de bajos ingresos.
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Fijar un tope de pago equivalente al 5–10 % del ingreso declarado.
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Congelar reavalúos fiscales para mayores de 75 años en zonas afectadas por la gentrificación.
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Aplicar estos beneficios exclusivamente a primeras viviendas.
B. Crear un impuesto al lujo
Para equilibrar la carga tributaria, se propone un impuesto de 1–3 % ad valorem sobre bienes de lujo, como:
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Aviones privados
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Helicópteros
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Yates
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Autos de lujo (valor superior a 70 millones CLP)
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Mansiones (valor superior a 25.000 UF)
C. Terminar con la elusión a través de sociedades
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Prohibir que sociedades no productivas posean bienes de lujo o viviendas que no generen actividad económica.
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Obligar a transferir esos bienes a personas naturales para que paguen el impuesto Global Complementario correspondiente.
Más equidad, menos desigualdad
Esta propuesta es parte de un plan mayor de justicia fiscal. Porque el Chile que viene debe dejar de premiar el privilegio y comenzar a proteger a quienes más lo necesitan. Una reforma a las contribuciones bien diseñada puede ser una herramienta potente para redistribuir el poder territorial, reducir la desigualdad y financiar mejores servicios públicos en todo el país.
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