Los países sin memoria pierden su historia y las sociedades que no sueñan pierden su futuro. El 2011, todos los chilenos marchamos por una sociedad más justa, en la cual el acceso y la calidad de la educación, salud y pensiones, no dependiera del bolsillo, el origen socioeconómico de los chilenos o las oportunidades presentadas durante la vida de cada cual. Se trató de defender la idea de un nuevo “vivir juntos”, una nueva forma de relacionarse, más fraterna y más solidaria.
Este debate se cristalizó en las calles, traduciéndose en movilizaciones que reunieron a padres e hijos, a lo largo de todo Chile, defendiendo el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. A nivel parlamentario y académico, esta misma discusión derivó en el rol que los chilenos querían asignarle al Estado. Lo anterior considerando que nuestra Constitución, que define dicho rol, tiene un sello ideológico muy conservador, según el cual la educación es un bien de consumo y no un derecho inherente a todo ciudadano nacido en Chile.
A su vez, la discusión sobre el rol del Estado alcanzó otros sectores fundamentales como la salud y el sistema previsional, ámbitos en los cuales Chile se destaca por su gran precariedad y crueldad. Nadie puede enfermarse o jubilarse en nuestro país, pues todos sabemos que eso conlleva pobreza y soledad, elementos que debiesen avergonzarnos e indignarnos como sociedad.
A partir de este debate se formularon propuesta y realizaron reformas. Muchas de ellas, aunque bien intencionadas, fueron mal diseñadas y/o implementadas. Faltó debate, consenso ciudadano, y plebiscitos para ratificar cambios que eran demasiado estructurales para ser consensuados entre cuatro paredes, entre otros por una clase política desgastada, incluyendo actores que pretendieron elevarse como la voz de los “jóvenes de Chile”. Pero, sobre todo, faltó un análisis económico acucioso, capaz de definir el complejo equilibrio ingresos- gastos, que estas reformas le significarían a las generaciones actuales y futuras del país.
Hoy los desafíos son múltiples. Debemos hacernos cargo de mejorar estas reformas y volverlas sostenibles en el largo plazo, al tiempo que debemos promover la inversión y el crecimiento económico para devolverle el dinamismo a nuestra economía.
Pero no nos equivoquemos, a pesar de lo que pueda señalar la derecha más conservadora, los chilenos sí eligieron vivir en una sociedad más justa y solidaria, sólo que la prosperidad económica es una condición básica para que ello se vuelva realidad.
En otras palabras, es hora de transformar a Chile en una sociedad altamente industrializada, potenciando el desarrollo de clusters con alto valor agregado, capaces de sostener las reformas implementadas en estos años. Esto significa estrechar lazos con el sector privado, el cual debe asumir que es fundamental someterse a las condiciones de mercado y la competencia, pues Chile no puede seguir siendo un paraíso de oligopolios, para los mismos de siempre.
Hoy soy candidato a la Presidencia porque tengo la convicción de que es posible avanzar hacia una sociedad en la cual convivan mercado y derechos garantizados. Es hora de que Chile deje atrás los discursos anacrónicos y antagónicos, propios de la Guerra Fría. Creo en la necesidad de un mercado fuerte, regulado por un Estado que represente a todos los chilenos, y no los socios o amigos del Presidente de turno. Creo en la urgencia de avanzar hacia una prosperidad para todos, con sentido de responsabilidad. Pues sería poco realista prometerles a los chilenos que todo cambiará en cuatro años. Sabemos que no es así. Pero lo que sí sabemos, es que los sellos, rumbos y definiciones estructurales, pueden realizarse en un periodo de cuatro años, después de lo cual es tarea de las generaciones futuras velar por la continuidad de ellas.
Porque gobernar es proteger, a continuación, presento los principales ejes de mi programa de Gobierno, los cuales están siendo perfeccionados por el equipo de profesionales del Comando Presidencial, para presentarlos en el Programa de Gobierno en agosto próximo.
Eje 1: Crecimiento económico: cómo garantizar una prosperidad económica para todos.
Eje 2: Nuevo Plan Nacional de Infraestructura: pensando el Chile del futuro.
Eje 3: Seguridad Pública: un derecho esencial de todas las familias.
Eje 4: Desarrollo Integral
Política energética sustentable: cómo preservar los RRNN de Chile.
Nuevo sistema previsional: porque ser adulto mayor no puede ser una condena.
Educación: hacia el fortalecimiento de la educación pública.
Seguridad Social: preservando el derecho y la calidad del trabajo.
Salud: hacia un sistema de salud integral de calidad.
El deporte como política de integración, salud y desarrollo local.
Pueblos originarios: reconstruyendo nuestra historia.
Discapacidad
Eje 5: Chile, una República descentralizada, laica y moderna.
Mejorar el acceso y calidad de la información.
Igualdad de género: promesa incumplida.
Nuevo pacto con las regiones.
Diversidad sexual: más que un slogan.
Eje 6: El rol de Chile en la región y en el mundo: posicionamiento estratégico.
Eje 7: las reformas políticas pendientes: el desarrollo requiere de una mejor Democracia Política.
Eje 1: Crecimiento económico: cómo garantizar una prosperidad económica para todos.
Chile inició un ciclo de desaceleración económica en 2013, producto de la desaceleración en Europa, EE.UU y Japón. Lo anterior a pesar de haber experimentado un largo periodo con precios altos de los commodities y tasas de interés bajas que promovieron el consumo.
Lamentablemente, nuestro país no supo aprovechar el precio de los commodities para realizar las inversiones suficientes que generaran nuevos clusters y nichos productivos, o que mejoraran los problemas de innovación y competitividad. Se trata de un periodo que podría calificarse como una década perdida, desaprovechada.
PROPUESTA
A. Enderezar la Reforma Tributaria
Proponemos las siguientes medidas:
1. Impuesto a las empresas:
0% de impuestos sobre las utilidades reinvertidas hasta 10.000 UF anuales.
35% de impuestos sobre las utilidades que excedan las 10.000 UF anuales.
Transitar hacia un sistema único de renta integrado.
2. Impuesto a la renta de personas
Crear un nuevo tramo para las rentas sobre las UF 30.000 anual, aplicando una tasa de 40% para los ultra ricos.
3. Eliminar el FUT histórico empleado para las viviendas y casas de veraneo e inversiones en el extranjero. Este debe ser retirado para que estos activos paguen una tasa de 40% que eludieron en su tiempo.
4. Reducir el impuesto de Timbres y Estampillas, de 0,8% a 0,1%.
5. Modificar el royalty minero, de manera que se pague a partir de las 2.000 toneladas en vez de 12.000, según la tasa aplicada a la gran minería.
6. Reformar la Ley de Herencia: eximir de los impuestos a la herencia al cónyuge.
7. Reducción gradual de los aranceles, alcanzando el 1% en 5 años.
8. Impuesto a los combustibles: Igualar el impuesto al diesel y a la bencina en 6UTM/M3.
9. Garantizar la devolución del impuesto específico al diesel, específicamente del 50% a la industria y la minería.
10. Garantizar la devolución del impuesto de primera categoría a los fondos de pensiones.
11. Retasar las propiedades agrícolas, rurales, industriales y urbanas.
12. Permitir el ingreso de recursos que no hayan tributado en Chile, pagando por una única vez un 10%. Se trataría de un segundo perdonazo.
B. Plan de Inversión contra cíclico
Desaceleración
Chile experimentó un proceso de desaceleración económica persistente que debiese cambiar, y se reflejó en:
Un crecimiento económico proyectado que pasó de un 2.2% a un 1.6% para el 2016, según cifras del FMI.
Una tasa de desempleo de 6.4% (después de haber alcanzado un 5.7% a fines de 2013).
Evidentemente el gobierno de Piñera se vio beneficiado por la actividad económica post terremoto, sin que se hayan implementado medidas tendientes a modificar la matriz productiva de Chile y mejorar la política en CyT y I+D, que es la única capaz de mejorar la productividad total de los factores.
Propuestas
Cualquier política económica tendiente a recuperar la senda del crecimiento sostenible, debe trabajar en dos dimensiones:
1. Corto plazo:
Se propone desarrollar un Plan de Inversión Pública-Privado, de carácter contra cíclico, en infraestructura, específicamente en educación y salud, que tenga efectos en el corto plazo, es decir en no más de dos años.
Este Plan de Inversión de 6.000 millones de USD se traduciría en licitaciones (no concesiones) en infraestructura en educación y salud pública, específicamente en la construcción de consultorios y hospitales, revirtiendo lo que ha sido la política de concesiones de la gestión en los hospitales públicos, a la fecha.
Sabemos que un hospital puede costar aproximadamente 200 millones de dólares, según su nivel de complejidad. Este Plan de Inversión permitiría la construcción de 20 hospitales de alta complejidad en todo Chile. Lo anterior, considerando una asignación de 4.000 millones de USD a infraestructura en salud y otros 2.000 millones a infraestructura en educación, específicamente a los liceos públicos.
La ventaja de esta medida contra cíclica es la posibilidad de incentivar, en una alianza público-privada, la demanda y consumo interno. Es decir que es el Estado quien decide la focalización del gasto, empujando la contratación y aumento de empleo, vía ejecutores privados, considerando que el Ejecutivo no tiene cómo desarrollar infraestructura, al día de hoy.
Para financiar este proyecto, se utilizaría parte del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), lo cual supondría, a la vez, diseñar un plan de estabilización de manera que hacia el 202o0, el FEES recupere paulatinamente sus niveles históricos de los últimos años.
2. Mediano Plazo:
• Chile debe reformar su Sistema Nacional de Innovación y Competitividad, tema pendiente y que ha sido objeto de multiples promesas por parte del gobierno de Piñera y Bachelet.
• Se propone crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología (CyT), que absorba las funciones de Conicyt, de la División de Innovación del Ministerio de Economía (Minecon) y de Innova Chile, entre otros. El actual Departamento de Becas de Conicyt, por su parte, deberá permanecer en Mineduc. A su vez, Minecon se transformará en un Ministerio de I+D, a cargo de promover el desarrollo de las Pymes y de simplificar los instrumentos de fomento productivo.
• A su vez, se propone crear un subsidio para la contratación de los primeros empleados (Contrato Primer Empleo, cuyas siglas serían CPE), es decir, enfocado en los recién titulados y las mujeres dueñas de casa que deseen trabajar.
Eje 2: Nuevo Plan Nacional de Infraestructura: pensando el Chile del futuro.
DIAGNÓSTICO
La delincuencia constituye una las principales preocupaciones de la ciudadanía. Esta problemática aparece sistemáticamente dentro de las principales preocupaciones de los chilenos, cualquier sea la encuesta observada (52% de los encuestados de la última CEP, de diciembre 2016, considera que la delincuencia es el principal problema del país).
Lo anterior se condice con la percepción en materia de delincuencia, a nivel nacional. En efecto, según la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2016, un 85% de los encuestados considera que la delincuencia aumentó en los últimos doce meses, versus un 71,2% en 2013. Lo anterior es solo comparable al aumento en la percepción de delincuencia observado durante el gobierno de Piñera, entre 2010 y 2011, cuando la percepción de la delincuencia pasó de 60,2% a 82.6%, es decir más de 20 puntos en un año.
A su vez, el aumento en los niveles de percepción de delincuencia dice relación con el análisis del índice de victimización de hogares. En efecto, según la misma ENUSC, el índice de victimización de los hogares aumentó de 22.8 a 27.3, entre 2013 y 2016. Si bien lo anterior representa un alza estadísticamente significativa, sigue siendo inferior al índice de victimización del año 2011, de 28.8%, durante el gobierno de Piñera. Pero lo cierto es que la población resiente el aumento en este índice, razón por la cual su percepción de inseguridad aumenta.
No obstante, cuando se analiza el índice de victimización personal y no nacional, es decir las personas específicamente víctimas de robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones, la ENUSC señala que el índice de victimización personal pasó de 7.4% a 9.6%, entre 2013 y 2016, cifra idéntica al índice de 2010, de 9.6%, lo que podría explicar el sentir ciudadano.
Sin embargo, existe una gran diferencia entre regiones a nivel de seguridad pública.
Mientras que en Magallanes el 9.6% de los hogares fue víctima de un delito durante el 2016, en la región de Tarapacá fue del 38.2%. .
Por tanto, pareciera ser que Chile requiere de una nueva política de seguridad ciudadana, multidimensional, que permita superar el estancamiento observado en los índices de victimización de estos últimos años, a la vez que adaptarse a los nuevos formatos de delito. Si bien se observa una baja considerable en los últimos diez años, de más de 20 puntos según la ENUSC, se requiere un nuevo enfoque hacia el futuro, puesto que la política carcelaria como única solución, no ha mostrado los efectos esperados.
Cabe destacar que Chile aún no cuenta con un sistema de evaluación de impacto ex antes y ex post, que permita evaluar programas de seguridad ciudadana.
VISIÓN PROGRESISTA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA
El modelo de seguridad ciudadana desarrollado en nuestro país, ha privilegiado un modelo de tipo policía-justicia- prisión, sin que se haya logrado reducir los índices de criminalidad ni la percepción de inseguridad. Las consecuencias son una sobrecarga del sistema carcelario y un aumento del contagio criminógeno, es decir el efecto inverso de lo buscado.
Peor aún, se observa una baja en la tasa de detención de los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), lo cual sugiere la urgencia de revisar las estrategias de intervención en las zonas de ocurrencia del delito.
Un enfoque progresista implica asumir un cambio drástico en esta mirada, entendiendo la seguridad ciudadana como derecho fundamental e incorporando la prevención, rehabilitación y reinserción, al mismo tiempo que el control, como variables fundamentales.
PROPUESTAS: NUEVO PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA
A. Reducir los factores de riesgo construyendo comunidad
La prevención primaria tiene por objeto incidir en los denominados factores de riesgos que aumentan la probabilidad de que un sujeto cometa un delito, como por ejemplo los factores socioeconómicos (salud, educación, vejez, violencia familiar, etc.).
Por ello resulta fundamental:
1. Transitar hacia una sociedad en la cual el Estado garantice el acceso, equidad y calidad en salud, educación, vivienda y vejez digna. No se puede pretender reducir drásticamente los niveles de victimización sin replantearse el sistema de salud, educación, sistema previsional y habitacional, que tienen un efecto directo y demostrado sobre la ocurrencia del delito. Crear un Programa de Seguridad Ciudadana Comunitario, cuya unidad de intervención no sea únicamente barrial, sino también comunal. Se implementarán en aquellas comunas y barrios de mayor vulnerabilidad e índices de victimización. Este programa deberá desarrollar al menos cuatro componentes:
a. Que cada colegio y sala cuna cuente con una Estrategia de Prevención contra los Abusos de todo tipo, ya sea entre pares o por parte de terceros.
b. Que cada colegio y sala cuna pública cuente con una Unidad de Atención para alumnos o menores con síntomas de violencia intrafamiliar o abandono de cualquier especie, de forma que se genere un vínculo con las asociaciones correspondiente y ser el puente entre las instituciones y el menor.
c. Que cada comuna desarrolle una Oficina de Atención y Mediación, permanente, para mujeres víctimas de violencia, pero también para adolescentes o adultos mayores que requieran atención y orientación, para posteriormente ser enviados a los centros correspondientes.
d. Que cada comuna que cuente con este programa financie al menos Cuatro proyectos culturales, comunitarios, permitiendo que la cultura actúe como factor de prevención y cohesión e identidad.
Este programa deberá trabajar conjuntamente con la población y las instituciones locales, particularmente la policía, la justicia y escuelas. El objetivo de este programa es reconstruir tejido social.
B. Reducir la segregación urbana y mejora la calidad de vida
Proponemos garantizar que las viviendas sociales nuevas y que se hayan entregado en los últimos cinco años, cumplan con condiciones mínimas de seguridad (ventanas, puertas sólidas, con chapas, etc.), además de garantizar metros cuadrados de áreas verdes por persona.
A su vez, nos comprometemos a aumentar la cobertura del programa Quiero Mi Barrio, para recuperar los espacios y áreas verdes en los barrios vulnerables de manera participativa.
C. Crear una Política Nacional de Rehabilitación y Reinserción
La sanción judicial y carcelaria tiene un impacto negativo en los procesos de rehabilitación y reinserción de la población condenada por delitos. Por un lado, la sanción produce antecedentes judiciales que operan como un estigma. Por otro lado, la experiencia carcelaria refuerza el proceso de exclusión que se encuentra en el origen del delito.
Proponemos:
1. Combatir la delincuencia también significa evitar la reincidencia en materia delictual.
Por ello proponemos mejorar las condiciones carcelarias, en términos de hacinamiento, condiciones sanitarias y de higiene, entre otros. Para ello se realizará un diagnóstico actualizado e integral, sobre las condiciones y el régimen penitenciario a nivel nacional, de manera de formular propuestas para el fortalecimiento institucional del sistema penitenciario, y mejorar la gestión interna de los recintos carcelarios.
2. Mejorar la empleabilidad de las personas que cumplieron sus penas.
El 50,2% de las personas privadas de libertad tiene sólo educación básica y un 45,5% tiene algún nivel de educación media. Por ello proponemos crear Unidades de Recuperación Escolar, para poder nivelar, en términos escolares, a las personas privadas de libertad, que así lo deseen, y mejorar sus posibilidades de empleabilidad.
3. Diferenciar según la reinserción de mujeres madres y sostenedoras de su hogar.
El número de mujeres reclusas en sistema cerrado aumentó en 99.1% entre 2005 y 2012, pasando de 2.322 a 4.622. Las consecuencias sociales que genera el encarcelamiento de la mujer son más graves, puesto que el 86,4% de las mujeres recluidas declara tener al menos un hijo. Por tanto, la reclusión de una mujer madre tiene un impacto directo en la crianza, apoyo emocional y económico de su(s) hijo(s). Es una realidad de la cual el Estado debe hacerse cargo para reducir el contagio criminógeno y ofrecer alternativas de vidas a esas familias, sin estigmatizarlas.
Eje 3: Seguridad Pública: un derecho esencial de todas las familias.
DIAGNÓSTICO
Según la última Encuesta Casen, Chile tiene 2.885.157 adultos mayores, los cuales, en su gran mayoría, se encuentran en un estado de gran precariedad. Entre quienes tienen más de 65 años, sólo el 56,5% recibe jubilación, entendiendo por ello retiro programado, renta vitalicia, pensión de invalidez, montepío y pensión de orfandad, o Jubilación más Ahorro Previsional Solidario (APS).
El 25,8% de los mayores de 65 años reciben únicamente, ya sea las Pensiones Asistenciales (PASIS) o Pensión Básica Solidaria (PBS) (vejez o invalidez).
Por último, el 17,7% de los adultos mayores se encuentra fuera del sistema y no accede a ninguna jubilación o pensión.
Esta situación ha empeorado con los años, puesto que el porcentaje de adultos mayores que recibe jubilaciones ha disminuido, teniendo el Estado que se hacerse cargo de los bolsones de pobreza creados, productos del deficiente sistema previsional chileno.
De esta forma, la pensión promedio en Chile es de 206.000 pesos (Información de la SAFP al 31 de diciembre de 2016. Se consideran todos los tipos de pensiones).
MITOS SOBRE LAS AFP PROPUESTA PROGRESISTA
El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AGFP) se creó para:
1. Reducir el gasto público en materia previsional:
Sin embargo, aparte de soportar el alto costo de la transición (financiamiento de las pensiones del sistema antiguo y de los bonos de reconocimiento), el Estado ha debido solventar el costo creciente de la previsión de las FFAA y de Orden.
A esta situación se ha sumado el financiamiento del Pilar Solidario creado por la ley 20.255. Hoy el gasto público en materia previsional está muy distante de la promesa hecha en 1980, en orden a que la capitalización individual sería capaz de auto sustentarse y aliviar significativamente la carga fiscal.
De manera general, el Estado gasta aproximadamente 1.5% de su PIB, entre el ítem “jubilaciones, pensiones y montepíos”, de beneficiarios de las Fuerzas Armadas, además del Pilar Solidario.
Por tanto, el sistema de las AFP no es eficiente puesto que no garantiza una pensión promedio al menos superior al sueldo mínimo, y además, supone un costo para el Estado de más de 1,5% del PIB anual.
2. Mejorar la tasa de reemplazo
Este objetivo inicialmente declarado por José Piñera en los años ochenta, tampoco se cumplió, puesto que está establecido que las tasas de reemplazo no superen el 40%.
Otros problemas asociados a las AFP:
Comisiones y costos de administración superiores a los asociados a portafolios de inversiones.
Ausencia de co-responsabilidad en caso de mala gestión. El año 2011, la rentabilidad real de los fondos A, en promedio considerando todas las AFP, fue de -11.13%, mientras que las AFP tuvieron una rentabilidad de aproximadamente 400 millones de USD, cifra que refleja que en ningún caso las AFP asumen la pérdida asociadas a malas colocaciones.
PROPUESTA PROGRESISTA
El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AGFP) se creó para:
1. Tener una jubilación que permita vivir dignamente es fundamental desde dos perspectivas:
Económica: permite reducir los bolsones de pobreza en la tercera edad y fomentar el consumo, a la vez que aliviar la carga de las generaciones más jóvenes que deben financiar hijos en periodo escolar y padres con malas jubilaciones.
Social: la jubilación digna es derecho, no un favor.
2. Se propone transitar hacia un sistema de tipo mixto, público-privado, en el cual:
Coexistan, adicionalmente al Pilar Básico Solidario (para los que están fuera del sistema), un Pilar de Reparto y un Pilar de Capitalización Individual. El Estado, a través del Pilar de Reparto, captaría un porcentaje de la cotización individual obligatoria actual.
Por su parte, el empleador tendría que cotizar un 5% adicional del ingreso imposible del trabajador, el cual podrá ir ya sea a la cuenta del trabajador en el pilar de reparto o a su cuenta de capitalización individual. Será el trabajador quien determine lo anterior.
A su vez, aquellos trabajadores que lo deseen podrán complementar su pensión inicial, cotizando de manera voluntaria y complementaria, en sociedades anónimas reguladas que manejen fondos de pensión, sujetas a la nueva regulación previsional.
3. Nuevas AFP reguladas
Las AFP pasarán a ser Sociedades Anónimas reguladas.
Se deberá establecer un sistema de co responsabilidad, en caso de mala gestión, por un periodo superior a los tres meses.
Se crearán las inversiones con alta rentabilidad social, de manera de que los trabajadores puedan decidir invertir, por ejemplo, en infraestructura nacional.
No se expropiarán los fondos actualmente disponibles en las AFP. Vale decir que los trabajadores continuarán manejando sus fondos actuales, en las nuevas sociedades anónimas.
El IPS se hace cargo de la administración del sistema de reparto.