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Alberto Fernández y decenas de líderes iberoamericanos cuestionan nuevo juicio contra ME-O: “Una justicia dilatada es una justicia denegada

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A través de una declaración pública, el mandatario argentino junto a otros miembros del Grupo de Puebla, aseguraron que “acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”.

Más treinta líderes iberoamericanos de 14 países, entre ellos destacados abogados, mandatarios y exmandatarios, expresaron este miércoles su apoyo al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, en el marco de un segundo juicio en su contra, que se prevé se extienda por dos años.

A través de una declaración pública, el Grupo de Puebla dijo que “acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”, calificando lo anterior como “una nueva modalidad de Lawfare” o guerra jurídica.
En el texto, firmado entre otros por el Presidente de Argentina Alberto Fernández, y los exmandatarios de Bolivia, España, Colombia, Panamá y Ecuador Evo Morales, José Luis Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper, Martín Torrijos y Rafael Corrrea respectivamente, detallaron que “en Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera”.

“Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”, agregan en el documento.

En la misma línea, afirman que “una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado”.

Y afirman que se trata de “otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”.

“Aunque ya no se cumplió el plazo razonable, se inicia finalmente el juicio, pero con un nuevo obstáculo: un auto de apertura que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso”, continúan en la declaración, puntualizando que “estamos seguros que finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”.

Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare

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