Hace dos semanas Barack Obama fue el primer presidente estadounidense en funciones en visitar una prisión federal. La visita tuvo como finalidad impulsar una serie de reformas al sistema de justicia penal. Hoy, Estados Unidos es el país con más presos del mundo. Son más de dos millones las personas privadas de libertad en ese país, lo que corresponde a una tasa de 750 por cada 100.000 habitantes.
Ello es resultado de casi 30 años de “populismo penal”, una política se seguridad basada en el aumento desproporcionado de penas y la imposibilidad de que la persona condenada pueda cumplir su condena en libertad. El mismo Obama señaló que “tenemos que considerar si esta es la reforma más inteligente para que nosotros controlemos el crimen”.
Obama también ha señalado otro resultado indeseado de esta política anti-crimen que, desde los años 80, ha llevado a un aumento explosivo de la población penal: el alto costo que pagan los contribuyentes para mantener los recintos penitenciarios. Según cifras del International Centre for Prison Studies (ICPS), el costo anual para mantener a la población penal estadounidense asciende a US$ 80.000 millones. Una parte importante de estos recursos podría ser redirigida hacia programas de reinserción. De hecho, el gasto penal es tan alto que ha generado inesperados acuerdos entre demócratas y republicanos en el Congreso, que ahora trabajan en conjunto en varias reformas al sistema penal y penitenciario estadounidense.
¿Y qué sucede en Chile con esta materia?
Desde los años 90 nuestro país también ha experimentado una expansión de la población penal, impulsada, entre otras razones, por el inicio de la reforma procesal penal, la penalización de nuevas conductas, el aumento de la escala de penas en variados delitos, principalmente aquellos de mayor connotación pública y, por último, la exclusión de determinados delitos al momento de optar por la imposición de penas sustitutivas de cumplimiento en libertad. Según Gendarmería, entre 2001 y 2012 la población penal recluida aumentó en 60%, pasando de 33 mil a 53 mil personas. Según el ICPS, Chile tiene hoy una tasa de 272 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes.
El proyecto anti-delincuencia que actualmente promueve el gobierno tiene un costo aproximado de 38.400.000.000 para crear 10.000 nuevas plazas en las cárceles, según ONGs dedicadas al tema. Esta exorbitante suma de dinero podría utilizarse en educación, considerando que 60% de las personas privadas de libertad en Chile tiene entre 18 y 33 años.
Chile todavía no se encuentra en el nivel de análisis y crítica que se realiza en Estados Unidos sobre esta materia. Las políticas criminales en uno y otro país tienen semejanzas evidentes, por lo que podemos aprender de la experiencia norteamericana. En este momento nuestro país aún puede cambiar el rumbo y considerar políticas alternativas a la mera privación de libertad. Entre esas políticas hay que incluir un debate serio acerca del destino de los recursos fiscales asignados originalmente a la creación de nuevas plazas penitenciarias. Hay que elaborar programas contundentes de reinserción social y de seguimiento a personas penalizadas, así como tomarse en serio la elaboración de proyectos comunitarios que favorezcan la prevención del delito.