Desde hace varios años, nuestro país ha tomado el camino fácil para combatir la delincuencia. Nos hemos acostumbrado a la medida “parche” en materia de combate al crimen, generalmente todas reactivas al proceso delictual, mas no preventivas del mismo. En este orden de ideas, las medidas preferidas por las autoridades y el legislador se han plasmado en el alza de las penas, aumento de dotación policial en las calles y el otorgamiento a estas de mayores facultades.
Sin embargo, hemos dejado de lado el camino difícil, más largo, pero que al final del día es el que trae mejores resultados. La vía sustantiva que marca la diferencia entre una verdadera política pública y las actuales medidas contra la delincuencia. En este sentido, la educación se erige como un arma fundamental en la lucha que la sociedad emprende contra el fenómeno delictivo. La educación es la base para construir identidad y cohesión social, ambos elementos esenciales a la hora de disuadir al sujeto de cometer delitos. La educación, en su visión multidimensional, es decir una que se haga cargo de la formación intelectual, pero también emocional y artística, permite que los ciudadanos se definan como tales, de forma de aumentar las barreras de entradas hacia el delito. Dicho de otra forma, la educación entrega a la persona la habilidad de racionalizar sus actos y medir las consecuencias de estos.
Para sumar a lo ya mencionado, estudios de realidades comparadas indican que mientras mayor es el nivel educativo de la persona, la tasa de criminalidad se reduce ostensiblemente (Lochner/Moretti, 2004). En Estados Unidos, un año extra de escolaridad secundaria reduce ostensiblemente la posibilidad de que la persona ingrese al sistema penal de justicia.
En nuestro país los acentos se han escrito de una manera equivocada. Una política de seguridad ciudadana no puede consistir solamente en aumentar la dotación policial ni subir indiscriminadamente las penas. También forma parte de un programa de seguridad ciudadana reforzar la educación pública y elaborar un plan de actividades que busque retener al niño, niña o adolescente en el sistema escolar. Como ejemplo: en El Salvador, país donde la tasa de homicidios es de 43 por cada 100.000 habitantes, con alta participación de los jóvenes en las maras y pandillas, el gobierno ha implementado un programa de parques de convivencia e inserción laboral y económica, dirigido a jóvenes en situación de riesgo, con la finalidad de darle un uso adecuado al tiempo libre y prevenir la violencia. En esta misma línea, cambios en la normativa de asistencia obligatoria a escuelas en el Reino Unido, también mostraron efectos en la reducción de los crímenes contra la propiedad (Machin, Marie y Vujic, 2012). Quizás este último dato resulta importante desde el punto de vista que el Reino Unido es una nación que forma parce de la OCDE, de la misma forma que nuestro país.
El tiempo de las medidas de resultados inmediatos debe quedar relegado en pos de una nueva mirada que sume los esfuerzos de todos los sectores para combatir la delincuencia de manera preventiva, con herramientas educativas que permitan evitar que jóvenes ingresen al círculo vicioso de la delincuencia. Con esto, preparamos hoy la ganancia del mañana.
Marco Enríquez-Ominami