Hemos visto durante estos días cómo los sectores conservadores de la Nueva Mayoría están comenzando a mostrar sus miedos y están queriendo congelar la real posibilidad de hacer algo más que una reforma a la Constitución, descartando una que esté hecha y pensada por los incumbentes, los chilenos, y así darnos una vez en la vida la opción de fijar nosotros mismos nuestras propias reglas de convivencia, de construir juntos la casa donde queremos vivir. Sin exclusiones, como corresponde.
Si se quiere que Chile cambie, se hace imprescindible convocar a una Asamblea Constituyente −mediante una cuarta urna o una papeleta− a fin de lograr una nueva Constitución, pues la actual es insalvablemente autoritaria, y mientras se mantenga será imposible iniciar las grandes reformas políticas. Es una torpeza −que denota mucha ignorancia− la opinión de algunos políticos, entre ellos Camilo Escalona, quienes sostienen que el cambio de la Constitución equivale a “fumar opio”. Tratan de mantener a toda costa el statu quo, a fin de conservar sus cargos y asegurar a los empresarios que no se tocarán sus intereses.
En América Latina hay suficientes ejemplos de Constituyentes que han dado lugar a Constituciones muy avanzadas y democráticas: baste recordar la de Colombia en 1991, lograda por el movimiento estudiantil, cuando dos millones de ciudadanos votaron en una séptima papeleta que solicitaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente, propuesta que fue aceptada por la Corte Suprema. Una vez iniciado el proceso de convocatoria, participaron todos los partidos políticos, incluido el movimiento M-19, que se incorporó a la legalidad. Posteriormente, una serie de países han realizado Asambleas Constituyentes: Venezuela en 1999, y Bolivia y Ecuador en 2007. Como ejemplo de Constituyente es bueno mencionar el caso de Islandia, que logró superar la grave crisis económica y bancaria a través de juicios a los verdaderos culpables −los especuladores financieros−, en lugar de hacer recaer el peso de la crisis sobre la ciudadanía.
Si se quiere que Chile cambie es necesaria la implementación de mecanismos de democracia directa que permitan el paso de la democracia representativa a la democracia ciudadana. Es cierto que la literatura clásica tendió a identificar la democracia plebiscitaria con los regímenes autoritarios; Max Weber la relaciona con el tipo de dominación carismática, que tiende a exaltar el poder del demagogo. Esta concepción teórica ha sido superada en la actualidad, cuando la mayoría de los cientistas políticos concuerdan en que pueden coexistir las instituciones de democracia representativa con aquellas que consagran la participación directa de los ciudadanos.
Los mecanismos de democracia directa son aplicados en casi todos los países del mundo –la Constitución uruguaya, por ejemplo, garantiza la aplicación de la mayoría de los procedimientos de democracia directa, salvo la revocación de mandatos–, y han arrojado como resultado una mayor participación ciudadana. Es falso, como lo prueba el cientista político David Altman, que los mecanismos de democracia directa surgidos a través de las instituciones democráticas sean favorables a los gobiernos que convocan a los referendos. De un total de 34 plebiscitos realizados en América Latina, en un 50% de los casos fue rechazado el planteamiento del Ejecutivo, y en los casos restantes fue aceptado. Por lo demás, en tres plebiscitos fueron rechazadas las proposiciones de las dictaduras: en Ecuador (1979), Uruguay (1980) y Chile (1988).
La revocación de mandato se ha aplicado preferentemente en Venezuela, donde la oposición a Hugo Chávez logró el número de firmas necesarias para convocar a un plebiscito revocatorio del mandato presidencial, pero no logró la votación suficiente para el cese en su cargo del Presidente. Los plebiscitos revocatorios son los más cercanos al ideal de la Comuna de París (1871), donde todos los cargos eran susceptibles de revocación.
En Ecuador han predominado los métodos consultivos de democracia directa; no son vinculantes, pero tienen mucha importancia para preguntar a los ciudadanos sobre temas políticos fundamentales. En Uruguay se ha convocado a muchos referendos sobre temas que atañen directamente a cuestiones políticas, como aquel que impidió el juicio de los militares comprometidos con los crímenes de la dictadura; en otro, un 74% de los votantes rechazó las privatizaciones del gobierno neoliberal de Lacalle; y mediante un tercero se nacionalizaron las aguas, considerándolas como un derecho humano fundamental.
Si se quiere que Chile cambie es fundamental que la nueva Constitución consagre plebiscitos, referendos, consultas populares, veto de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, iniciativas populares de nueva legislación y revocación de mandatos. Las iniciativas de democracia directa pueden surgir desde arriba hacia abajo y viceversa.