El paro de los funcionarios públicos, no es sólo legítimo, sino que es una protesta que expresa un problema de nuestra democracia. No es normal que todos los años tengamos paros por el mismo tema. La incapacidad de construir un mecanismo que garantice que, en paz y en democracia, se acuerde el reajuste a los funcionarios fiscales es un déficit de la clase política.
El Estado no es un buen ejemplo en materia de empleabilidad. Por eso, respaldamos al sector público, respaldamos a la ANEF, y le decimos al Parlamento que los que están haciendo un triste espectáculo son ellos. Los que están pagando su falta de voluntad son los chilenos que hoy no pueden acceder a los servicios públicos.
Proponemos un sistema distinto. Que el reajuste se haga de acuerdo al IPC y de acuerdo al tamaño de la economía, pero también de acuerdo a la paz social. La democracia y su clase política tienen que estar a la altura de las demandas del sector público.